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América necesita combatir no solo la pandemia, sino la violación de derechos humanos que esta trajo

No es sorprendente que América haya sido la región más afectada por la pandemia de COVID-19. Los graves problemas de derechos humanos por los que ya atravesaba el continente crearon tierra fértil para que eventualmente se convirtiera en el epicentro del nuevo coronavirus.

El impacto de la pandemia no solo se siente por los más de 29 millones de casos y 750,000 muertos que se han registrado, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos humanos, sobre todo de grupos históricamente marginados como los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas, entre otros.

La pandemia está profundizando muchos desafíos y desigualdades preexistentes. La Organización de las Naciones Unidas advierte que provocará la peor recesión de los últimos 100 años en América Latina, aumentando el número de personas en situación de pobreza en 45 millones (para un total de 230 millones) y el número de personas en situación de extrema pobreza en 28 millones (un total de 96 millones).

Las llamadas a líneas de ayuda para casos de violencia doméstica han aumentado en Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Paraguay y Perú desde que iniciaron las cuarentenas en marzo, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En vez de encontrar soluciones, algunos gobiernos han exacerbado la situación con medidas punitivas y represivas que tomaron en respuesta a la pandemia.

Amnistía Internacional ha documentado cómo los gobiernos de El Salvador, Paraguay y Venezuela impusieron cuarentenas forzadas a miles de personas migrantes y refugiadas, personas que regresaron a sus países de origen y comunidades que viven en situación de pobreza. Impuestas como primera medida y no como último recurso, las cuarentenas en instalaciones estatales fueron a menudo en condiciones insalubres e inhumanas, sin alimentación ni agua, y sin asistencia médica suficiente.

Además, muchos gobiernos han debilitado la lucha contra la pandemia al tratar con negligencia a las personas trabajadoras de la salud. En el informe El Costo de Curar, revelamos cómo estas personas trabajan a menudo en condiciones inseguras, con equipos de protección personal insuficientes, arriesgándose a sufrir represalias si denuncian las condiciones de precariedad en las que trabajan en las instalaciones de atención de salud y residencias de cuidado.

Durante los momentos más mortíferos de la emergencia sanitaria en el continente, las personas trabajadoras de la salud también sufrieron de estigmatización, ataques físicos y amenazas de muerte en países como Colombia y México, e incluso lapidación pública en Bolivia. Mientras que algunos gobiernos respondieron a este tipo de ataques con declaraciones inmediatas y acciones de sensibilización para apoyar públicamente el papel que desempeñan, otros gobiernos tomaron medidas para menoscabar su labor, como en los casos de Nicaragua y El Salvador.

Estas tendencias autoritarias representan una continuación de la actuación represiva que llevamos años denunciado en el continente. Sin embargo, los gobiernos han continuado respondiendo con violencia policial a las constantes protestas ciudadanas que, a pesar de las restricciones, persistieron este año. Las movilizaciones han sido no solo en demanda de que se garantice el cumplimiento de las necesidades básicas frente a la pandemia, sino también de reclamos sociales históricos sobre el racismo, la violencia de género, la corrupción y la desprotección ambiental y socioeconómica.

Este año, en Estados Unidos, Venezuela, Honduras, Colombia, Chile, Perú y Guatemala, entre otros, hemos documentado el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e inclusive la muerte de personas en manifestaciones, como parte de las políticas de represión que se han aplicado de forma generalizada en nuestra región en los últimos años.

Asimismo, muchos gobiernos han optado por explotar la sensación de incertidumbre y temor de la gente, instrumentando disposiciones de emergencia para silenciar las voces de quienes demandan rendición de cuentas, así como restringir la libertad de expresión y obstaculizar el acceso de las personas a información oportuna y precisa.

Los ataques contra la prensa independiente y las personas defensoras de los derechos humanos siguen en aumento en la región. Tan solo en Colombia, de acuerdo a INDEPAZ, este año 284 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas, y en México siete periodistas. En Venezuela y Cuba, el hostigamiento y los ataques contra quienes se atreven a levantar la voz —artistas, periodistas y activistas— continúa siendo una constante.

A pesar de este escenario adverso, el 2020 también ha sido un año de solidaridad, de pequeños actos que han creado un efecto dominó, movilizando a millones de personas que demandan cambios paradigmáticos en materias de derechos humanos.

Este año, Black Lives Matter llegó a ser considerado el movimiento social más grande de la historia de Estados Unidos, con entre 15 y 28 millones de participantes. Mientras tanto en México, más de 80,000 personas tomaron las calles de la capital para protestar contra la violencia de género el 8 de marzo y, según algunas estimaciones, 53% de las mujeres del país se sumaron al paro nacional “Un Día Sin Nosotras” el día siguiente.

Por otro lado, los avances en la protección del ambiente con la ratificación del Acuerdo de Escazú, un instrumento sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales del continente, son otro motivo para confiar en la posibilidad de un futuro mejor.

América no tiene que seguir siendo el epicentro del COVID-19 ni la región de retrocesos en materia de derechos humanos. Es momento no solo de actuar y de denunciar las violaciones a los derechos humanos, sino de exigir a nuestros gobiernos que se pongan a la altura de nuestras exigencias, no solo para una recuperación pronta, sino también para que América no siga siendo presa fácil de las adversidades del futuro.

Autora: Erika Guevara Rosas. Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Fuente: The Washington Post

Foto: Diario El Paìs.

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