domingo 13 octubre 2019
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Empresa China vs Comunidades Campesinas de Apurimac

Empresas MMG, filial de China Metals Corporation vs Comunidades Campesinas de Apurimac, resumen de noticias en tres actos:

Pronunciamiento de Sociedad civil:

El conflicto socioambiental relacionado al proyecto minero Las Bambas, ubicado en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac, data del año 2015 y forma parte de los cientos de conflictos latentes que existen y no son cubiertos por la concentración de medios de nuestro país. Existe la penosa estrategia de querer desacreditar las demandas de los comuneros, buscando asociar y reducir los reclamos de las comunidades a “cuestiones de dinero, ambición o extorsión”, pero en realidad este conflicto trata de una cuestión ambiental, de salud y de derechos.

Para tener en cuenta: En el 2015 la empresa minera modificó su EIA (por la venta de la mina) para que ya no se construya el mineroducto hacia Espinar (Cusco), por lo que el mineral extraído se procesaría en Challhuahuacho, para luego ser transportada en vehículos hacia el Puerto de Matarani en Arequipa. Dicha modificación del EIA nunca les habría sido consultada a las comunidades. Posterior a ello se construyó una carretera que atravesaba los territorios de las comunidades, la misma que fue hecha una vez más sin consultarles, e hicieron que el Estado la declare como vía nacional (excluyéndose convenientemente la empresa minera de cualquier responsabilidad que surja en la vía). A diario transitan un aproximado de 250 vehículos llevando el material minero proveniente del proyecto Las Bambas, lo cual a pesar de los riegos de la vía que hace la empresa, genera ruidos y polvaderas que afectan directamente a la salud de los niños, ancianos y pobladores. Esta falta de consulta, y atropello de derechos, ha generado reclamos, frente a los cuales el Estado, desde el 2017, declara estados de emergencia “preventivos”, más no ha dado prioridad al diálogo.

Lamentablemente, y al igual que en otros conflictos sociales, los últimos 3 gobiernos han optado por la criminalización de la protesta. Haciendo abuso de su función como garantes del Estado de derecho (utilizando instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público para detener a las autoridades comunales de Fuerabamba conjuntamente con sus abogados) y omitiendo el pedido pleno de las comunidades y sus representantes por el entendimiento democrático, con los representantes del gobierno más la empresa minera MMG. Exigimos que se desarrollen las investigaciones con el respeto irrestricto de los derechos constitucionales y legales que les asiste. La justicia debe mostrarse independiente de todo interés político y comercial.

Recordamos que las protestas del 2015 y 2016 ya han dejado un saldo lamentable de 4 personas muertas, decenas de heridos, viudas y niños huérfanos. No queremos represión ni un enfrentamiento violento, por lo que las organizaciones que suscribimos, hacemos un llamado al Presidente, junto a los responsables del Ejecutivo, y a los representantes de la “Empresa MMG Las Bambas”, a dejar de lado las persecuciones, amenazas y actos de violencia contra las comuneros de Fuerabamba y demás comunidades. (Fuente: Actua.pe)

La versión de la empresa:

La empresa china MMG, propietaria de la mina Las Bambas, ha señalado a través de un comunicado que declarará en fuerza mayor sus contratos de venta. Un tramo de la carretera que conecta la mina con el puerto Matarani, en Arequipa, permanece bloqueado desde hace 50 días por los comuneros de Nueva Fuerabamba.

“La compañía informa que las actividades de protesta de la comunidad de Fuerabamba, cerca de la entrada a la mina Las Bambas en Perú, ahora está interrumpiendo el transporte de personal, así como la logística de entrada y salida”, señaló el CEO de MMG, Gao Xiaoyu. Así, a pesar de que la producción en la mina aún sigue funcionando, la suspensión del personal y de la logística de suministro entrante ha provocado que la minera estime que “la producción se vea afectada progresivamente a partir de esta semana”.

En ese sentido, la minera proyecta que en el transcurso de la semana se verá obligada a declarar la fuerza mayor sobre los contratos de venta de cobre. Esta decisión también llega luego de que se agotaran las reservas del mineral almacenadas en el puerto Matarani. “La compañía continuará impulsando el diálogo activo con Fuerabamba y los otros representantes de las comunidades, así como con las autoridades, para buscar una solución segura y pacífica al problema actual“, aseguró Xiaoyu.

Por otro lado, el día de hoy se retomó el diálogo entre el Estado y los representantes de Nueva Fuerabamba. El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes llegó a Apurímac en compañía del viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, para reunirse con el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón.

Sin embargo, los comuneros se mantienen firmes en su posición de no abandonar el bloqueo hasta que se ponga en libertad al presidente de Nueva Fuerabamba, Gregorio Rojas, y a sus asesores legales, Frank y Jorge Chávez Sotelo. Ellos se encuentran detenidos preliminarmente por el delito de extorsión en contra de la minera. Edison Vargas, vicepresidente de la comunidad, ha señalado que los arrestos fueron infundados y que su objetivo ha sido deslegitimar sus quejas. El gobierno ha negado su injerencia. (Fuente: semanaeconomica.com)

La versión de una periodista «independiente»: https://larepublica.pe/politica/1437140-guion-panorama-complicado-gobierno-bambas?fbclid=IwAR06CIao3uUtysJbzS9bLeEo4nSV-kWkJ5KkyT2Z6YvyW_deILxJmDE-KT8

“El tema es si el Estado peruano , no la minera, recibe una servidumbre de paso para hacer una carretera o no”, comentó.

RMP resaltó que originalmente la compañía encargada era Estrata, la cual ejecutó un programa agresivo de inversión social, es decir, persuadió a la comunidad rural de 150 personas de participar voluntariamente del proyecto.

“Se les censó, se les hizo un pueblo nuevo, casas que parecen de Suiza con agua, luz, desagüe, colegio, plaza de toros, cancha de futbol, todo. Además, se les dio dinero en efectivo”, precisó.

Asimismo, la abogada indicó que la empresa compró algunos predios a terceros para otorgar a los lugareños pequeños terrenos. Sin embargo, el conflicto nace por Yavi Yavi, un predio que se sitúa en Cusco, el cual ahora es de propiedad de Fuerabamba.

“Ese predio tenía una servidumbre de paso para una trocha o carretera que estaba ahí antes”, detalló.

La conductora de RTV expuso que el Estado peruano construyó una carretera de carácter Nacional, la cual está siendo obstaculizada por los pobladores. Además, señaló que la comunidad está dirigida por dos hermanos abogados, Frank y Jorge Chávez, los cuales se encargan de ‘extorsionar’ a la mina desde el año 2018.

“Los señores propietarios de Yavi Yavi no son pobrecitos campesinos ni la minera una maldita minera (…) Los Chávez lo saben y la semana pasada fueron detenidos junto al presidente de la comunidad campesina por extorsión”, aseguró.

La letrada afirmó que los lugareños han pedido a la minera 500 millones de soles, luego bajaron a 100 y, por último solo han solicitado que la carretera sea cerrada. No obstante, la conductora de Sin guion aclaró que el responsable es el Estado, el cual debe explicar que la carretera fue construida para beneficio de todos los peruanos y que la mina no tiene que pagarles por ello.

“Es un acto de extorsión de gente rica que quiere ser más rica”, puntualizó. (Fuente: Diario La República)

 

Otra vez desd la sociedad civil, algunos datos de importancia:

El retorno de la teoría conspirativa de los conflictos

El día de hoy aparece en los medios como una noticia importante, la detención de dos abogados, los hermanos “Chávez Sotelo” junto a un dirigente social, Gregorio Rojas Paniura, de la comunidad de Fuerabamba- Apurímac. No solo los medios de comunicación, sino representantes del gobierno, como la Ministra de Agricultura, han salido a decir que se trata de “extorsionadores”, de “líderes de una organización criminal o banda delincuencial” que pide grandes sumas de dinero al Estado a cambio de no tomar la carretera.

Hace ya varios meses que la comunidad de Nueva Fuerabamaba, está protestando por el paso constante de vehículos de la empresa minera Las Bambas por su carretera y exigen el pago de una indemnización (desde el punto de vista de muchos, no realista). El dirigente detenido es nada menos que el Presidente de la comunidad que ha liderado estos reclamos y los abogados eran asesores legales de la misma ¿Pero entonces porqué se los acusa de extorsión?
Tal vez hay que recordar que en nuestro país, la protesta social esta calificada legalmente como delito de “extorsión”[1], y por tanto si alguien hace exigencias que el Estado califique de ilegítimas, puede ser procesado por este grave ilícito que contempla penas de hasta 15 años (más que para un homicida). En ese sentido, no solo parece ser que el gobierno evalúa que en este caso de Fuerabamba se configura una extorsión, sino que además han imputado a estas personas y a otros comuneros, de ser parte de una organización dedicada al crimen organizado. Por esa razón, desde ayer están produciéndose otras detenciones en el lugar y allanamientos a domicilios. Entonces surge la pregunta ¿una comunidad indígena y pobre, realmente afectada por un proyecto minero, puede ser calificada como una organización criminal conformada por extorsionadores, por más que sus demandas parezcan no apropiadas?

Cabe recordar rápidamente quién es esta comunidad y el proceso que ha sufrido. Nueva Fuerabamaba, es un pueblo “inventado”. Fue construido entre el 2012 y 2014, a 2 km. del territorio que ocupaba la comunidad campesina de Fuerabamba, que estando en la zona donde se ubicaría el tajo abierto del proyecto Las Bambas, debió ser reubicada.
Nueva Fuerabamba, que alberga un promedio de 1,600 personas, es un pueblo de estructura urbana, con calles pavimentadas, electricidad, agua potable, hasta con clínica y un coso taurino, que muchos dirían es un lujo para los indígenas, pero que en concreto ha despojado a esta comunidad de su modo de vida tradicional. Muchos pobladores no han podido adaptarse a este entorno suburbano, extrañan cultivar, criar ganado, estar en contacto con la naturaleza, algo ya irrecuperable.

Posteriormente y cuando el proyecto minero comenzó a operar, se enfrentaron con el problema del uso de la carretera por parte de la empresa minera, que de manera inconsulta cambió los términos del EIA, y en lugar de construir su mineroducto, decidió usar las vías públicas para que transiten todos sus vehículos y sacar su material. Esto se ha vuelto el peor infierno, no solo para esta comunidad, sino para muchas otras que resultan afectadas a lo largo del “corredor minero”.

Fuerabamba en particular reclama que el Estado ha reclasificado su carretera, calificándola como una vía nacional sin consultar a la comunidad, interfiriendo en lo que ellos consideran como su propiedad. Sí, es verdad que surgido el conflicto, y bajo el asesoramiento de los dos abogados hoy detenidos se han planteado sumas improbables para una posible negociación, pero sin duda el reclamo como tal, tiene sentido, es legítimo y en el fondo está desentrañando un conjunto de afectaciones acumuladas durante todo este tiempo.
Desde que el proyecto Las Bambas se asentó -ello sin la resistencia de las poblaciones- a las comunidades les ha tocado soportar los efectos negativos de esta gran operación. Absolutamente lejos del desarrollo y el progreso que les ofrecieron, lo que tienen en concreto hasta hoy es desplazamientos, contaminación, represión, imposición de un estado de emergencia que se mantiene ya permanente desde hace un año, varios comuneros muertos, y ahora decenas de campesinos soportan juicios por ejercer su legítima protesta.

Aun con ello, el presidente de la Confiep, Roque Benavides, ha pedido más mano dura contra ellos en estos últimos días, y al parecer el gobierno ha sucumbido rápidamente a esta orden. Estas detenciones, allanamientos y anuncios de operativos en la zona, no son más que una expresión de la evidente criminalización contra una legítima protesta, metodología represiva y violenta por la que está optando este gobierno para acallar las voces de comunidades afectadas y para beneficiar los intereses empresariales, invisibilizando burdamente las escandalosamente vulneraciones de derechos que cometen estas grandes transnacionales.
Quisiéramos que este Estado, tan firme para reprimir a la población, también lo esté para exigirle a las empresas mineras que cumplan con sus obligaciones, que saneen los impactos ambientales y sociales que generan, y que cumplan con los compromisos asumidos con estas poblaciones.

Hoy la noticia es que se han detenido “extorsionadores”, y deslindando de la manera de ejercer la profesión de algunos abogados que inescrupulosamente aprovechan para sacar ventajas, es inadmisible que el Estado pretenda nuevamente hacer creer al país, que los conflictos son obra de manipuladores, azuzadores, violentistas o extorsionadores; que estos conflictos son provocados por la conspiración de personajes opuestos a la minería, y que capturándolos y reprimiendo al pueblo los problemas terminarán.
Hay un problema serio y real de cómo las empresas están violando los derechos de las poblaciones, de cómo este modelo está exterminando formas de vida controlando los recursos y territorios; pero eso es un asunto que el Estado no lo va aceptar porque lo cierto es que en este modelo, el dinero y lo económico está muy por encima de cualquier derecho que le corresponda a un pobre.
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[1] Código Penal, Art. 200.- Extorsión.- El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.
Fuente:http://reinadelaselva.pe/noticias/5787/las-bambas-detenidos-los-lderes-se-acaba-el-conflicto

Más información específica del caso: https://www.ocmal.org/las-bambas-detenidos-los-lideres-se-acaba-el-conflicto/

 

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