Durante los últimos veinte años hemos sido testigos del auge del modelo agroexportador en Perú, este éxito se ha logrado consolidar, en gran medida, por el impulso que le dio José Chlimper Ackerman, actual miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), cuando se desempeñaba como ministro de Agricultura del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000, quien venía de ser accionista de una de las más grandes empresas agroexportadoras de Ica: Agrokasa S.A. Así nació la Ley N° 27360, que declaró de interés prioritario la inversión y desarrollo en el sector agrario por un plazo de diez años, ley que dio privilegios tributarios a las empresas agroexportadoras, como la reducción del 50% del impuesto a la renta, el pago del 4% del seguro social frente al 9% que aportan los asegurados a Essalud, depreciación de activos anticipado; entre otros.
Este mismo marco legal les ha permitido a las empresas usar de manera perversa los contratos temporales y garantizó que los trabajadores no puedan formar sindicatos durante 20 años, es decir las mejoras salariales ha dependido de la voluntad del gremio empresarial, sin que el trabajador pueda tener la capacidad de una negociación colectiva que les permitiera demandar y exigir mejores condiciones laborales.
Un régimen que se originó como temporal se extendió por dos décadas, el gobierno de Alejandro Toledo amplió la vigencia de la ley hasta el año 2021, y el ex presidente Martín Vizcarra lo prolongó hasta diciembre del 2031. Para el economista Pedro Francke que una ley con carácter temporal se haya extendido por más de dos décadas responde a un lobby orquestado por las empresas agroexportadoras que buscan colocar sus intereses por encima de los derechos de sus propios trabajadores.
“Hay una ideología neoliberal a la que no le importan los derechos laborales y cree que todo el progreso pasa por darle más beneficios y ventajas a las grandes empresas. Es indispensable cambiar la lógica con la que vemos la economía y el desarrollo agrario, esa mirada ha llegado a su límite”, dice Francke.
El gobierno de Francisco Sagasti tiene tres muertes en el conflicto laboral. Nueva ley no satisface a los trabajadores agrarios
Ese límite llegó veinte años después, el 30 de noviembre pasado, por primera vez los trabajadores agrarios de Ica y La Libertad levantaron su voz de protesta y pusieron en jaque al Congreso y al gobierno transitorio de Francisco Sagasti hasta romper con los privilegios de las agroexportadoras y la precariedad laboral, cuatro días después (4 de diciembre) tras la muerte del trabajador Jorge Yener Muñoz (19 años) se derogó la ley.
REGIÓN PUJANTE
La región sureña es una de las ciudades más prosperas del país, tiene cuatro sectores que impulsan su economía: la agricultura, la minería, la pesquería y el turismo. Esta región además cuenta con un puerto con infraestructura moderna, que le ha permitido impulsar su crecimiento económico nacional y regional, según el informe “Evolución de la pobreza monetaria 2009-2016, elaborado por el instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), menos del 4% de la población es pobre y la población económicamente activa (PEA) representa el 97,2% y la PEA desempleada el 2,8%.
El proceso de industrialización en Ica ha estado liderado principalmente por la agricultura. “En el año 90 no pasábamos de los 100 millones en exportación, creció a 400 millones en una década y del 2000 al 2019 se ha multiplicado por 17. Lo que tiene más volumen de exportación es la uva, tenemos espárragos, palta, cítricos en menor medida, y está entrando el arándanos de manera más consistente, tenemos cebolla y en menor medida los pécanos y el mango. Cada vez se está ampliando más los países donde llegan nuestros productos, el bloque principalmente es EEUU, la comunidad europea, estamos yendo al oriente, y del mercado chino se ha pasado al mercado de la India, Corea, Japón, Tailandia, Indonesia; a muchos mercados de 100 a 200 millones de habitantes. Estamos llegando a nuevos mercados cada año”, afirma Jorge Vargas Corbacho, presidente del Comité Agua y Agro de la Cámara de Comercio de Ica.
Vargas afirma que en la región de Ica hay aproximadamente 100 mil trabajadores en la agroindustria y en la agricultura. Sin embargo, reconoce que no hay cifras en el sector sobre el número de trabajadores que se encuentran trabajando de manera informal.
Para el empresariado de este sector, el conflicto laboral que se ha suscitado hace un mes, que conllevó a la derogatoria de la Ley N° 27360, y la aprobación de una nueva ley, tendrá un retroceso en los indicadores de crecimiento de la región. “Muchas empresas no lo van a soportar, muchas empresas para poder sostenerse en el mercado van a tener que hacer una reducción significativa de mano de obra, o sea va a generar mucha desocupación, y lo otro es que se va a empezar a mecanizar el sistema con la compra de maquinarias y se dejará de usar la mano de obra, y se va a generar un problema social”, dice Eduardo Ojeda, presidente de la Cámara de Comercio de Ica.
Aunque Ica tenga la tasa más baja de desempleo: 2.8%, al 2017 la tasa de empleo informal fue de 62.2%. La región sureña es una de las ciudades más prósperas del país
Ica posee uno de los ingresos per cápita más altos del país y su índice de pobreza tenga una sola cifra, al 2017 la tasa de empleo informal fue de 62.2%, y las condiciones laborales en el sector agrícola están en condiciones cercanas a muy deplorables, admite Vargas Corvacho. “Hemos descubierto reciente y penosamente que en Ica, hay una porosidad entre el sector formal y el irregular de los empleadores que no cumplen reglas y los trabajadores que están en unas condiciones cercanas a muy deplorables, hay justos reclamos. Los que han generado este problema son los irregulares que pueden estar en el sector entre comillas formal y en el sector que no es formal”, sostiene el empresario.
Para Ojeda, parte del problema se debe a que tenemos un Estado ausente, “la mayoría de denuncias o testimonios de los trabajadores eran ciertas, pero no ha habido un Estado que los haya podido escuchar y un Estado que haya podido sancionar a estas empresas en su momento”.
MANO DE OBRA BARATA Y SIN DERECHOS COLECTIVOS
“En la región Ica solamente hay tres sindicatos, que es Agrokasa, Chapi y Monsanto Perú, tres sindicatos ¿frente a cuántas empresas? Acá hay más de 250 empresas, entre grandes y pequeñas. Ya el pueblo se cansó de tanta humillación, de tanto maltrato, el pueblo se levantó cansado de esta injusticia”, declara indignada Paulina Velásquez, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustria y afines (Fentagro).
Javier Mujica, abogado laboralista y director de Perú Equidad señala que en Ica trabajan 80 mil personas en la agroindustria y que los trabajadores solo lograron constituir tres sindicatos porque el abuso de la contratación temporal les sirvió a las empresas impedir que se formen sindicatos. “Estos regímenes especiales no han servido para promover trabajo decente, solo han servido para precarizar las condiciones laborales, porque están atados a un régimen laboral que los condena a recibir salarios miserables, que los condena a ser explotados a través de services y otras formas de tercerización; esto tiene que cambiar”, sostiene.
Con la denominada ley Chlimper, la precarización laboral del sector agroexportador abarcó empresas formales e informales
Mujica remarca que quienes se han visto más beneficiados con la ley de promoción agraria han sido las empresas grandes que cuentan con más de cien trabajadores. En ese sentido, el abogado propone dirigir la mirada hacia los salarios, en donde más allá de establecer una cantidad fija, se apueste por una remuneración mínima vital.
“Yo no creo que una mejora de los salarios de los trabajadores vaya a sacar a esas empresas del mercado. Se puede hacer un trato diferenciado y establecer una remuneración mínima vital en el agro en donde se establezca un porcentaje adicional para las empresas de más de cien trabajadores, que son las que más emplean este régimen. Esto no es una novedad porque la remuneración mínima vital existe para los trabajadores del sector minero y de la construcción civil”, afirmó el abogado.
Así también, señaló que la nueva ley de régimen agrario debería contemplar “un tratamiento igualitario para todos los trabajadores del agro de acuerdo con el régimen común; protección reforzada en algunos aspectos que se necesitan en materia laboral por la peculiaridad de las labores que llevan a cabo en el campo; medidas de protección social en materia de vivienda, alimentación, cuidados de la salud e higiene, transporte; derecho a la capacitación de los trabajadores; además de la prohibición de los services y la promoción de los derechos colectivos y sindicalización”.
Las grandes empresas agroindustriales, no solo han sido beneficiadas con una ley que aseguró veinte años de mano de obra barata. Diversos tratados internacionales beneficiaron también al sector
El auge de la exportación no solo se debe a la ley de régimen laboral agrario remarca Mujica, “las exportaciones peruanas empezaron a entrar con mucha fuerza en otros mercados donde se redujeron o eliminaron los aranceles, como es el caso del programa de las exportaciones de los países andinos (ABDEA), que fue implementado por los EEUU desde inicios de los años 2000. Perú ratificó con los EEUU, Canadá, la Unión Europea y con cerca de 20 países, estas aperturas comerciales han promovido las exportaciones mucho más que cualquier régimen laboral con menos derechos”, afirma el abogado laboralista.
Por su parte Fernando Eguren, insiste que con esta crisis no solo se debe prestar atención al tema laboral, sino que se debe revisar el modelo económico y fomentar una política más equitativa en la que el número de beneficiarios sea mayor y no solo se concentre en el empresariado. Así también, señaló la necesidad de contar con la presencia de organizaciones sindicales que permitan la negociación colectiva, “tiene que haber una institucionalidad que permita una relación entre el capital y el trabajo, en la que haya una capacidad de negociación entre ambas partes. Si no hay nadie con quién negociar, los empresarios pueden hacer lo que les da la gana. Cuando esto no sucede tiene que intervenir el Estado para equilibrar la balanza entre capital y trabajo, para que los trabajadores ganen poder y las relaciones sean más simétricas”, dice.
PRECARIEDAD LABORAL
A pesar del “boom” agroexportador y del crecimiento de este sector, diversos estudios demuestran que hay una relación de desigualdad entre los ingresos de las empresas de la agroindustria y los salarios que recibían los trabajadores. Hasta antes de aprobada la nueva ley, el salario básico de los trabajadores de la agroindustria ascendía a S/.39.19 el jornal diario.
El aumento del salario básico ha sido uno de los reclamos centrales de los trabajadores, pues afirman que este monto contempla los beneficios del pago de vacaciones, CTS (compensación por tiempo de servicios) y las gratificaciones de julio y diciembre dentro de la misma nómina cuando deberían ser entregados por separado. A ello se suma el hecho de que los trabajadores no cuentan con un seguro complementario de trabajo de riesgo, pese a que es posible que desarrollen enfermedades ocupacionales por las actividades físicas que realizan en el campo y el constante uso de pesticidas y sustancias tóxicas a los que están expuestos.
Si bien los reclamos de los trabajadores buscan cambios tangibles en la legislación, también exigen un trato más humanitario por parte de los ingenieros y caporales en sus centros de trabajos. Al respecto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la empresa Agrokasa, Rony Guerrero señala que “también debe prestarse atención a los parámetros de trabajo que siguen fomentando la explotación y los obligan a pasar por intensas jornadas de trabajo. Cuando el caporal asigna tareas, el trabajador sabe que apenas acabe puede irse a su casa, pero eso no ocurre porque se les obliga a quedarse más horas hasta completar su turno y encima se les asigna más tareas, a pesar de que han realizado un gran desgaste físico. Es por eso que también pedimos un trato justo por parte de los ingenieros y caporales hacia nosotros. Ellos no se dan cuenta de que el personal es de vital importancia para el crecimiento económico de la empresa”, manifiesta Guerrero.
Los trabajadores también han hecho público el hostigamiento y la violencia con lo que operan los caporales
Paulina Velásquez agrega que son los caporales quienes vigilan, gritan, paran la mano de obra en cualquier momento, son los que despiden, y los que dan un trato inhumano a los trabajadores del campo, por lo que solicitan que los empresarios garanticen que los trabajadores no sigan siendo maltratados por sus caporales y que incluso deberían capacitarlos para que dejen de hostigar y acosar.
“Si la tarea lo acabas temprano, al día siguiente el caporal te da más trabajo y así sucesivamente. Nosotros salimos a las cuatro de la mañana de nuestras casas, a las seis ya estamos trabajando, hay quienes trabajan partido hasta las dos de la tarde, otros todo el día, hasta las seis de la tarde. Es duro cosechar el esparrago, deshierbar, agarrar lampa, y las plantas son grandotas, imagínese que tu este lampeando ahí hasta las doce o una del día, el vapor te quema, te ahogas, te asfixias; por eso nosotros pedimos salir del monte a las once o doce del día”, dice Paulina.
Manifiesta además que no solo se trata de mejorar las condiciones laborales sino de abordar todo el problema estructural que genera la agroindustria. “Hoy en día dicen que Ica es el boom, pero ¿cuántos enfermos tenemos? ¿cuántos trabajadores que cosechan espárragos están mal de la columna? ¿cuántos que trabajan en la uva están mal de la vista? ¿a cuántos no nos dan protectores, lentes? Porque el azufre no malogra la vista, y eso no lo cuentan. Ese es el problema de lo que pasa en el Valle de Ica”.
Una de las voces más visibles en todo este conflicto es el de la dirigente Susana Quintanilla, presidenta del Comité de Lucha del Sector Agrario de Ica, quien denunció ante la Comisión de Economía del Congreso hostigamiento y seguimiento a los dirigentes iqueños por visibilizar la precariedad laboral.
“Nosotros no tenemos estudios, pero somos seres humanos y a nosotros no nos pagan por nuestra profesión, sino por nuestra mano de obra. Nuestro jornal (semanal) neto llega a 162 soles, díganme ¿qué ser humano vive con eso? Ica no es una ciudad pobre: el costo es elevado y ese monto no nos alcanza para vivir. Cuando tú vas a ralear un racimo a una parcelita nos pagan 0.10 céntimos, y nos piden que ese racimo sea hermoso para que quede en producto de primera calidad”, declara Susana y añade: “pedimos que nos den un trato justo de ser humano, que no nos gritoneen, amenazándonos en el trabajo y botándonos a gritos cuando se les dé la gana. Yo no puedo nombrar a empresas, pero a todos nos ha pasado, si van a decir por qué generalizan cuando dice que el pago es setecientos tantos soles ¿no nos están oprimiendo al no pagarnos nuestros derechos?”.
MENOS DERECHOS,CERO OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
Mujica sostiene que los países más competitivos en la exportación de alimentos en el mundo su legislación da trato igualitario que a los demás trabajadores, es decir que tienen derecho a recibir los mismos beneficios. Aunque en Chile se les brinda viviendas a los trabajadores rurales y sus familias, mientras que Argentina establece el uso de transporte digno, además su legislación establece la obligación de los empleadores no solo de informar a los trabajadores sobre los riesgos a su salud del manejo de pesticidas u otras sustancias tóxicas, sino de proveerles protección, herramientas e indumentaria necesaria para proteger su salud.
“Las leyes de otros países establecen obligaciones para proteger a los trabajadores del campo”
“Nada de eso hay en la legislación peruana. Las leyes de esos países establecen la obligación de proveer educación a los niños de los trabajadores rurales, provee de salas cunas para que las madres de las trabajadoras del campo puedan tener a sus niños protegidos mientras ellas están trabajando cada día bajo el sol durante 8, 10 y 12 horas. Además establece la obligación de proveer de alimentos a los trabajadores de campo cuando ellos no tengan la oportunidad de conseguirlos a las inmediaciones de donde llevan a cabo sus faenas (…). Sería larguísimo relatar todo lo que establecen estas normas para reforzar la protección de los trabajadores del campo, nosotros seguimos el camino inverso, un régimen especial y diferencial, menos derechos y cero obligaciones para los empleadores”, manifiesta el abogado.
AGROEXPORTADORAS HAN DEJADO DE PAGAR ALREDEDOR DE 250 MILLONES ANUALES A ESSALUD
Francke señala que: “lo que ha perdido EsSalud con los aportes que se han dejado de recibir por parte de las empresas de agroindustria alcanzan los 250 millones de soles anuales desde que la ley entró en vigencia en el año 2000 y 150 millones desde que se aprobó el incremento del aporte al 6% en el año 2019. Esa diferencia la pagamos todos los asegurados”.
De acuerdo al cálculo anual que hace Francke, durante dieciocho años las empresas agroexportadoras han dejado de aportar a EsSalud aproximadamente cuatro mil quinientos millones de soles, considerando el 4%. Y en los últimos 23 meses –con el incremento del aporte al 6%- dejaron de aportar aproximadamente 287 millones de soles a la seguridad social. “Esos 150 millones de soles anuales que los millonarios agroexportadores se guardan en sus bolsillos todos los años son 150 millones de soles menos en medicinas, operaciones, equipos y personal para la atención de salud de los trabajadores y sus familias”, señala Francke.
Desde el mismo EsSalud, representado por su presidenta ejecutiva, Fiorella Molinelli, se supo de las cifras que el sector agrario demandó en servicios de salud. “A diciembre del 2019 los empleadores agrarios aportaron poco más 220 millones de soles a Essalud. Sin embargo, el uso de los servicios de salud equivale en el mismo periodo a más de 578 millones de soles”, informó Molinelli.
Agrega que de cada 100 soles de aporte, los trabajadores del sector agrario consumen 262 soles. “Esta diferencia en el aporte debe ser cubierta por los demás empleadores, perjudicando la atención de los asegurados de otros sectores productivos”.
Confirma Molinelli qué hay una distorsión de la finalidad de la ley en cuanto al principio de solidaridad, pues hay trabajadores con sueldos de cinco mil soles y hasta 100 mil soles, quienes se benefician de este régimen. Así, según el reporte de EsSalud son 2886 titulares que ganan más de cinco mil soles, de ese total, 118 ganan 25 mil soles y tres ganan 100 mil soles.
A estos cuestionamientos responde Eduardo Ojeda que la mayoría de los trabajadores no son permanentes en los campos, que en el mejor de los casos trabajan hasta dos meses consecutivos. “Los señores pagan dos meses a EsSalud y no se atienden, entonces no les perjudica en nada a EsSalud porque el empresario paga el 6% por un servicio que no reciben sus trabajadores. Así paguen el 9% no le va a mejorar el servicio, porque el servicio de EsSalud es pésimo, cualquier persona llega a EsSalud y no hay atención, te dan una cita dentro de seis meses”.
FISCALIZACIÓN LABORAL
Un tema que se ha manejado con mucho hermetismo desde el Estado es la fiscalización laboral, una denuncia común durante muchos años es que las empresas agroindustriales no permiten el ingreso a los fundos a los inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para que cumplan con su trabajo de fiscalización laboral; en pleno conflicto social así lo reiteró el gobernador Regional de Ica, Javier Gallegos.
El informe de la Comisión Internacional de Juristas señala que a nivel regional habría más de 3,000 mil empresas, y que hay muy pocos inspectores a nivel nacional, en el caso de la Ica, al 2014 solo había un inspector para toda la región, y de cuatro a cinco auxiliares. “Hay muy pocos inspectores a nivel nacional y están recargados de trabajo. Cada uno tiene cerca 70 casos en la Región Ica”, resalta el informe.
Por el lado empresarial, el principal problema es que es que hay un Estado ausente, “la mayoría de denuncias o testimonios de los trabajadores eran ciertas, pero no ha habido un Estado que los haya podido escuchar y un Estado que ha podido sancionar a estas empresas en su momento, entonces eso es parte de lo que hemos vivido, pasado y lo hemos dejado de percibir”, dice Ojeda
Por otra parte, este año recién la Sunafil hizo público en su web el registro de empresas con sanciones laborales en el país, entre los años 2017, 2018 y 2019 las diez empresas con más altas sanciones laborales en el tema agroindustrial en Ica suman un total de un millón 938 mil soles.
Lidera la lista el Complejo Agroindustrial Beta S.A. con una multa por 840 mil soles, sanción interpuesta el año 2019 por incumplir la norma en materia de seguridad y salud en el trabajo. En segundo lugar se ubica la compañía Agrícola Chapi SAC, por 341,477 soles, el tercer lugar ocupa la empresa Agro Victoria SAC con dos sanciones, con un total de 230 mil 137 soles; le sigue la empresa Monsanto Perú SA. con una sanción de 207,375 mil soles y Agrícola Yaurilla SA, que está en liquidación, que entre los años 2017 y 2018 acumuló siete multas con un monto total de 81, 444 soles.
Fundo San Luis SA. tiene una sanción del año 2016 por 64,487 soles. Mientras que EMAPAVIGS tiene dos sanciones (2019) por un monto de 48,626 soles. La empresa Coexa (Cía Exp. Y Negocios Grales SA., tiene una multa (2017) por 28,500 soles y le sigue la Agroindustria Casablanca SAC, con una sanción (2019) de 27,720 soles.
CAÍDA DE LA LEY CHLIMPER”
El 30 de noviembre empezó la debacle de la Ley N°27360, conocida también como la ley “Chlimper”. En cuatro semanas el Congreso de la República elaboró una propuesta que fue aprobada el 30 de diciembre en medio de cuestionamientos por parte de los trabajadores y la sociedad civil. La nueva ley no calmó la indignación de los trabajadores, quienes han continuado con sus demandas para no seguir en condiciones de precariedad. El conflicto desatado el 30 de noviembre del año pasado deja un saldo de tres fallecidos, dos heridos graves y medio centenar de heridos, tras la aprobación de la nueva ley murió Reynaldo Reyes (28) y un adolescente de 16 años.
Así, el gobierno transitorio de Sagasti tiene en su gestión tres muertos en el conflicto agrario, donde no solo hubo la intervención de la Policía Nacional, sino también de personal militar del Ejército peruano. El trabajador Muñoz quien fue asesinado el 3 de diciembre pasado, murió con un impacto de bala de un arma que pertenece al suboficial de la PNP, José Ángel Hoyos. La Policía Nacional ya ha solicitado al Ministerio Público la detención preliminar del suboficial como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud.
“Es una ley que nace con muy poca legitimidad y resuelve un problema de corto plazo. Lo que ha sucedido ahora es una salida de emergencia, pero se tiene que apuntar hacia una verdadera ley del trabajador agrícola y hay que hacerlo mirando otras legislaciones y escuchando a los trabajadores. Hemos visto el espectáculo en el Congreso en donde lo que ha predominado han sido los intereses de las empresas agroexportadoras respaldados por el gobierno que no ha tenido una posición clara al respecto”, señala el economista Eduardo Zegarra.
La ley contempla cambios en los ámbitos relacionados a la remuneración básica, la contratación de servicios, las condiciones laborales, los beneficios tributarios para las empresas y la fiscalización laboral.
Con esta nueva ley la remuneración básica (RB) equivale a la suma de la remuneración mínima vital (RMV) correspondiente a 930 soles; más un Bono extraordinario del Trabajador Agrario que equivale al 30% de la RMV, que ascienden a 279 soles, que suman un total de 1200 soles, más las gratificaciones que equivalen a un 16.66% de la RB y la CTS que equivale a 9.72% de la RB. Además, los trabajadores podrán acceder al 5% de las utilidades de la empresa durante dos años (del 2021 al 2023). En los siguientes dos años debe subir a 7.5%, hasta llegar a un aumento del 10% en el 2027.
Fundamente que el derecho a la remuneración diaria se genera siempre y cuando se labore más de cuatro horas diarias en promedio y no excederá de ocho horas diarias o de cuarenta y ocho por semana. Se puede establecer por ley, convenio o decisión unilateral del empleador por una jornada inferior a las máximas ordinarias, sin afectar la remuneración diaria.
“El tema de los services ha sido mal llevado por algunas empresas que toman estos servicios y que no se fijan del tratamiento que les dan a sus trabajadores”, Eduardo Ojeda
La ley aprobada prohíbe recurrir a mecanismo de intermediación laboral y tercerización de servicios; dice que se debe contratar directamente al personal. Y establece que si la contratación de un trabajador agrario por pequeños plazos que dentro del periodo de un año superen los dos meses, le da derecho a ser contratado preferentemente cada vez que el empleador requiera contratar trabajadores en la misma área de cultivo. Así también, las empresas que tienen cultivos diversos si contratan a un trabajador por al menos dos temporadas en un mismo año, este debe ser contratado preferentemente en las temporadas siguientes.
Con respecto a las condiciones laborales y al ejercicio de derechos colectivos sostiene la ley que se garantizaran las condiciones dignas y seguras a favor de los trabajadores como es el traslado hacia los centros de trabajo, alimentación, atención de emergencias, servicios higiénicos adecuados y lugares destinados a su disfrute. En el caso de las trabajadoras mujeres, se señala que el empleador queda prohibido de despedir a las trabajadoras en estado de gestación o periodo de lactancia. El empleador debe proveer lactarios en el centro de labores, así como garantizar el derecho al descanso pre y post natal a las madres.
Por otro lado, la norma también promueve el derecho colectivo a la negociación colectiva. Se considera una infracción muy grave el que los empleadores obstaculicen, coaccionen o impidan el libre ejercicio de los derechos de sindicalización, huelga y negociación colectiva de los trabajadores.
Además, establece que el Poder Ejecutivo debe adoptar las medidas pertinentes para fortalecer institucionalmente la SUNAFIL para que se pueda cumplir con eficiencia y efectividad su labor fiscalizadora respecto de las empresas del sector agrario, agroindustrial y agroexportador. Para ello, se autoriza la colaboración de los trabajadores con los inspectores de la institución.
Finalmente, la nueva ley mantiene los beneficios tributarios hasta el año 2028, mientras que el pago por seguridad social seguirá en 6% y a partir del 2025 recién pagarán el 9%, monto general que pagan incluso las pequeñas empresas.
La uva, la mandarina, la cebolla, la palta, el espárrago, la alcachofa, la páprika, las pecanas y los tomates son algunos de los productos agrícolas de exportación de la región Ica, que representa el 17% de las exportaciones del país. Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX la oferta de estos productos llegó a 76 mercados internacionales, principalmente EE.UU. (US$ 468 millones 926 mil), Países Bajos (US$ 168 millones 022 mil), Reino Unido, España, Hong Kong, China, Canadá y Japón, otros. Detrás del dinamismo de este sector económico se esconde las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas, considerado como deplorable el año 2014 por la Comisión Internacional de Juristas, que señala en su informe: “constituyen un ejemplo de trabajo precario y no acorde con los estándares internacionales en materia de derechos del trabajador y otros derechos sociales. Muchas de estas situaciones pueden constituir violaciones graves de derechos humanos”.
Escriben Maga Zevallos y Marilyn Céspedes
Con la colaboración de Almendra Zevallos
Fotos: Javier Dueñas/Hiperactiva Comunicaciones
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Fuente: El Gran Angular
Foto en la presente entrada: Diario Gestión.
