50 días de represión

A nivel nacional se multiplican las movilizaciones y acciones de protesta, con el adelanto de elecciones generales como principal demanda, junto con la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte. Después de un periodo de movilizaciones a nivel nacional pero con limitada presencia en Lima, las organizaciones sociales declararon una tregua durante las festividades navideñas. A partir del 4 de enero las movilizaciones se retomaron, con especial fuerza en la sierra sur del país, pero con presencia nacional y cada vez mayor contundencia en Lima.

La respuesta del Estado peruano frente a las movilizaciones, ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país, en el presente siglo. Masacres perpetradas en tres ciudades, junto con ejecuciones extrajudiciales más acotadas en otros lugares. Al momento de este informe han fallecido 46 civiles como resultado del uso de la fuerza por policías y militares1 . A ello se suman 9 víctimas más en el contexto de los bloqueos, y un policía fallecido, lo que hace un total de 56 fallecidos, 9 de ellos menores de edad, por la incapacidad del Estado para construir una salida política a la crisis2.

Lejos de tomar medidas para poner fin a la violencia y separar a los autores materiales, los altos funcionarios del gobierno de Dina Boluarte avalan y promueven la actuación de las fuerzas del orden, incluso ofreciendo bonos dinerarios para premiar su actuación, a través de los medios de comunicación3, lo que evidencia que nos encontramos ante lineamientos de una política de estado.

Como principales prácticas vulneratorias hemos identificado las siguientes:

Uso arbitrario de la fuerza, resultando en 46 ejecuciones extrajudiciales y 912 civiles heridos.

El uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal inclusive calibre 004, canicas de vidrio5 y balas. Especial preocupación genera el uso de fusiles automáticos, incluyendo fusiles AKM en el caso de la PNP6 y fusiles GALIL en el caso de ejército7.
Uso de bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo de manifestantes8, vulnerando el procedimiento reglamentario que consiste en disparar parabólicamente, nunca al cuerpo. Especial indignación ha generado la represión contra el cortejo fúnebre de dos de los jóvenes asesinados en la región de Andahuaylas el 12/12/229. Los participantes fueron gaseados pese al carácter pacífico de la reunión y la alta participación de menores de edad, compañeros de los jóvenes fallecidos. Inclusive, se ha registrado el lanzamiento de bombas lacrimógenas desde helicópteros en Ayacucho el 15/12/22 10 y en Juliaca el 09/01/23, potenciando su letalidad e impactos indiscriminados sobre la población.
El uso indiscriminado de la fuerza afectando no solo a personas que se manifiestan de manera pacífica, sino también a transeúntes11 e inclusive, a personas que prestaban ayuda médica12 y periodistas que cubrían los hechos 13.

2. Torturas y tratos inhumanos y degradantes por parte de la PNP. Un grupo de 8 personas detenidas en Andahuaylas el 12/ 12/22 fueron brutalmente golpeadas durante su reclusión. También se le expuso a frío extremo sin abrigo y se les privó de alimentos14. En Lima se han documentado agresiones a manifestantes, tanto al momento de la intervención policial como posteriormente durante el traslado a las comisarías15. Así mismo, las condiciones de detención en las dependencias policiales son en muchos casos incompatibles con la dignidad humana. Los detenidos son confinados en hacinamiento, sin adecuada ventilación ni infraestructura que les permita tener algunas horas de sueño mientras aguardan la decisión de la fiscalía. Especialmente gravosas son las condiciones para las personas investigadas por la presunta comisión del delito de terrorismo, quienes son confinadas en celdas de 1.5 x2m., sin acceso a un patio donde puedan recibir la luz solar y sin iluminación artificial, quedando a oscuras desde las 6 pm.

3.Violencia sexual. Se ha documentado un caso de agresión sexual múltiple al interior de una dependencia policial contra una ciudadana detenida en el contexto de las protestas. Durante las revisiones médico legales es recurrente el desnudamiento integral e injustificado, por no existir lesiones bajo la ropa. Así mismo, se ha recibido el reporte de revisiones íntimas y tocamientos indebidos a las mujeres manifestantes y estudiantes detenidas durante la invasión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

4.Militarización. La habilitación a las fuerzas armadas para intervenir en el control del orden interno y de la sociedad, incrementa el riesgo de vulneraciones de derechos humanos. El ejército ha sido el responsable de la masacre perpetrada en Ayacucho el 15 de diciembre del 202216. También se ha documentado despliegue militar en otros lugares del país17, incluyendo la capital 18.

5.Estados de emergencia y allanamientos sin fiscal. Se viene registrando la suspensión de derechos a través de la declaratoria de estado de emergencia, inclusive a nivel nacional, violando el principio de proporcionalidad19. Estas medidas agravan el riesgo de vulneraciones de derechos humanos, por la aplicación extensiva que hace la Policía respecto a personas que no realizan acciones violentas. Además, se han registrado allanamientos de viviendas y locales organizacionales sin presencia fiscal, y sin mediar una flagrancia delictiva que lo justificara. Un caso especialmente grave fue el allanamiento de una vivienda en Andahuaylas para usarla como plataforma de tiro, poniendo en peligro a sus ocupantes, quienes tuvieron que huir de la ciudad por temor a represalias de la población. En Lima se han producido allanamientos en el local de laConfederación Campesina del Perú y en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). También en Lima el 18/01/23 la Policía forzó la puerta de un bus de transporte que circulaba en Miraflores para llevarse detenidos a varios jóvenes20.

6.La infiltración de las movilizaciones con efectivos encubiertos que instigan a los manifestantes a cometer disturbios y realizan detenciones arbitrarias21. También se ha detectado infiltración e instigación a través de grupos de WhatsApp y afines. Así mismo, constituye un problema la falta de identificación visible del personal policial y militar uniformados, pues el anonimato incrementa el riesgo de que los efectivos violen derechos humanos, y favorece la impunidad.

7.Sembrado de pruebas incriminatorias. Según pudo documentar la propia Fiscalía, en Pichanaki (Chanchamayo, Junín) un activista fue detenido por la policía al terminar una movilización y trasladado a la comisaría donde para incriminarlo, le sembraron droga y lo denunciaron por tráfico de estupefacientes22. En Lima, la Policía trató de presentar como pruebas contra campesinos alojados en el local de la Confederación Campesina del Perú, machetes nuevos que aún presentaban las etiquetas del supermercado de origen23.

8.Desconcentración injustificada de manifestantes y asambleístas. Una herramienta empleada de manera recurrente para dispersar las asambleas y movilizaciones es el uso arbitrario de los procedimientos de control de identidad. El 16/01/23 la Policía con el apoyo de la Fiscalía, realizó un operativo de control de identidad en el local del Sindicato de Trabajadores Telefónicos, impidiendo el desarrollo de una asamblea de organizaciones sociales. La desconcentración también se efectúa a través del uso de la fuerza, disparando gases lacrimógenos contra personas que se movilizan pacíficamente, como era el caso de un amplio grupo de personas que el 24/01/23, en Lima 24.

9.Detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y criminalización de ciudadanos que no se encuentran cometiendo delito alguno, únicamente por su participación en las movilizaciones. La forma más frecuente de detención arbitraria se da bajo la modalidad de control de identidad, procedimiento que es usado para intimidar a las y los manifestantes e incluso, para trasladarlos a las dependencias policiales y retenerlos por algunas horas.

Otra modalidad también recurrente son las detenciones masivas e indiscriminadas, afectando incluso a personas que no participan en las movilizaciones, adultos mayores, niñas y niños, personas con discapacidad. Es así que, en Lima, las noches del 6 y 7 de enero, se realizaron detenciones arbitrarias masivas, de personas que se movilizaban pacíficamente, alegando la vulneración del estado de emergencia. El 6 de enero se intervinieron a 240 personas, incluyendo 3 menores de edad, varios adultos mayores, e inclusive vendedores ambulantes que quedaron atrapados dentro del cerco policial. Todos fueron trasladados a una comisaría y liberados cuatro horas después, tras un control de identidad. Al día siguiente, nuevamente se realizó una maniobra envolvente, pero esta vez detuvieron únicamente a los hombres, procediendo a denunciarlos a todos por el delito de desobediencia a la autoridad, alegando la contravención del estado de emergencia. Otra intervención similar se ha producido el 21/01/23, contra las personas alojadas en la UNMSM y sus estudiantes, registrándose la detención de

193 personas, brutalmente intervenidas y privadas de su libertad en condiciones indignas, hasta el día siguiente25. De manera similar, en Abancay en la madrugada del

14 de diciembre, efectivos policiales intervinieron violentamente un campamento de manifestantes, destruyendo sus enseres y deteniendo a más de 50 campesinas y campesinos 26.

Así mismo, existe una tendencia generalizada a extender innecesariamente la detención hasta su plazo máximo, por la demora en la tramitación de los casos. Durante la mayor parte del tiempo los detenidos están esperando a que se les atienda sin hacer nada. Ello resulta especialmente grave cuando se detiene a personas en condición de vulnerabilidad, como es el caso de una mujer con una niña y una mujer embarazada, quienes fueron intervenidas en la UNMSM y que permanecieron privadas de libertad hasta la tarde en el caso de la niña, y hasta la madrugada del día siguiente en el caso de la mujer.

Es una práctica recurrente de la Policía, generar barreras que limitan el acceso de los y las defensoras a los detenidos, mientras que estos son presionados para suscribir documentos sin asistencia legal, con información limitada o sometidos a coacción. A ello se suma la negativa a entregar información en tiempo real sobre la identidad y ubicación de las personas detenidas, incluso menores de edad, incrementando el riesgo de torturas y violaciones del derecho a la defensa.

No se garantiza la asistencia médica oportuna a los detenidos con problemas de salud o que enferman durante la detención. Por ejemplo, el 20/01/23 un detenido sufrió convulsiones dentro de la dependencia policial en Lima, al día siguiente de su detención. Pese a que durante horas manifestó sentirse muy mal, no se le trasladó al centro de salud, hasta después de la crisis.

La Fiscalía reporta27, a la fecha, 104 carpetas fiscales en las que se investiga a 507 personas por las protestas, de las cuales 8 se encuentran cumpliendo prisión preventiva. Respecto al número de detenciones se reportan 608 casos, los cuales no consideran a quienes fueron sometidos a procedimientos de control de identidad.

10. Agresiones a defensores de los derechos humanos. La señora Ruth Bárcena, presidenta de la Asociación de víctimas de la masacre de Ayacucho, sufrió la violación de domicilio y amenazas de muerte por parte de dos sujetos de porte militar el 14/01/2328. El 13 de enero un dirigente de la agroindustria recibió fotografías de su hija menor junto con amenazas por su supuesta participación en las movilizaciones. El el abogado César Jauregui fue agredido físicamente, detenido y denunciado a raíz que se acercó a la PNP para interceder por unos jóvenes detenidos29. La abogada Cruz Silva recibió un culatazo con un rifle policial cuando intentaba ejercer defensa en la UNMSM30. De manera recurrente los abogados que acuden a las dependencias policiales sufren maltratos y obstáculos para el ejercicio de su labor. Inclusive el 21/01/23 se produjeron empujones que provocaron la caída de algunos abogados. Varios medios de comunicación vienen publicando las imágenes e incluso domicilios de defensores de los derechos humanos, exponiéndolos a agresiones directas. Se han recibido mensajes amenazantes en cinco líneas de asistencia legal del movimiento de derechos humanos, así como escraches de grupos de ultraderecha en tres locales institucionales. Los integrantes del Colectivo 14N, que brindan primeros auxilios y documentan violaciones de derechos humanos durante las movilizaciones han sido presentados por un medio de comunicación31 e investigados por la Policía como integrantes de una organización criminal.

11.Vigilancia e Interceptación de comunicaciones³² de personas únicamente por la expresión de posiciones críticas al Ejecutivo y al Congreso.

12.Terruqueo El oficialismo sostiene que las acciones de protesta a nivel nacional constituyen atentados terroristas y que el MOVADEF es el responsable de las movilizaciones. Al mismo tiempo Wilas y otros medios de comunicación vienen presentando a ciudadanos que participan en las movilizaciones o que expresan cuestionamientos al gobierno como terroristas y a las organizaciones defensoras de derechos humanos como defensores de terroristas.

A nivel nacional se han identificado 9 carpetas de investigaciones por terrorismo relacionadas con las protestas, aunque no descartamos que existan más. Al mismo tiempo se han creado cinco fiscalías especializadas en terrorismo, pese a que antes de las movilizaciones casi no existía carga procesal en la materia. Es decir, se ha construido una arquitectura institucional para investigar bajo la legislación antiterrorista conductas asociadas a la protesta social. Hay personas a las que se cita como testigos en las investigaciones únicamente por tener como contacto en sus redes sociales a ciudadanos investigados bajo esta figura, contribuyendo así a sembrar el temor en la población y a estigmatizar a las personas investigadas. Especial indignación ha causado la investigación por terrorismo iniciada contra 28 campesinos que se alojaban en la Confederación Campesina del Perú.

Todo ello es posible en gran medida por una legislación antiterrorista que, de acuerdo a lo señalado ya en el 2010 por el Relator de la ONU sobre derechos humanos y terrorismo³³ no cumple con los estándares internacionales en la materia, según los cuales esta figura solo debería aplicarse a personas y organizaciones que atentan contra la vida. La aplicación de la legislación antiterrorista a situaciones de bloqueo de carreteras o inclusive de disturbios viola el principio de legalidad.

13.Desmantelan fiscalías de derechos humanos. La nueva Fiscal de la Nación ha reducido las fiscalías de derechos humanos de 12 a 7, recortando significativamente el personal y los recursos logísticos asignados para investigar las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante las movilizaciones34. Al mismo tiempo, al disponer que sean las fiscalías de crimen organizado las que asumen inicialmente las investigaciones, se obstaculiza la conducción inicial de las diligencias conforme a los estándares de derechos humanos, y se genera una fuerte desconfianza en las víctimas y testigos, ya que son las mismas las que investigan inicialmente a los manifestantes detenidos. Ello ha generado que las víctimas de la masacre de Juliaca, se negasen, inicialmente a declarar, o firmar sus manifestaciones.

14. Ataques a periodistas. Desde el 1 de enero la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha documentado 37 agresiones contra los integrantes del gremio en el contexto de movilizaciones, de las cuales el 45% han sido perpetradas por policías. Por ejemplo, el 24 /01 /23 durante las movilizaciones en Lima 5 reporteros recibieron disparos de la PNP35. Además, la PNP se mantiene impasible cuando la prensa alternativa es agredida por manifestantes, mientras que protegen e incluso detienen a personas por el simple hecho de formular expresiones verbales contra la prensa oficialista.

15.Violación de derechos indígenas y discriminación. Se han documentado dos situaciones de incautación de distintivos culturales de ciudadanos indígenas que se movilizan portando sus armas tradicionales que los identifican como guerreros ancestralmente, lo cual es percibido como una profunda humillación36. Se han registrado barreras para el acceso al derecho a contar con un intérprete y con ello al derecho a la justicia. Las expresiones vejatorias y violencia innecesaria desplegada contra mujeres y hombres campesinos durante la intervención en la UNMSM, evidencian una profunda carga racista y sexista en la actuación de las fuerzas del orden³⁷.

Referencias:

1 Ver https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FPGkzmWrXiX9ZYijdk71vJCKJFLtme3fwSJgqOdBUM/edit#gid =0

Y https://drive.google.com/file/d/1tIxD8SYAqYHyKk3cXLffPZgOKPhHMX_-/view?usp=sharing

2 https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/01/ReporteDiario2512023_13horas.pdf

3 ver https://panamericana.pe/politica/367307-pedro-angulo-movadef-actividad-incesante-marchas ,

https://twitter.com/RadioNacionalFM/status/1602759301117927424?s=20&t=BnADHI69qTVDASaQkZ4- Cw , Ver posición de Otárola después de la masacre de Juliaca, responsabilizando a las víctimas y anunciando más mano dura https://youtu.be/YnNviGe6ZVU ;

https://elcomercio.pe/lima/bono-para-la-policia-nacional-alberto-otarola-anuncio-que-solicitara-credito

-suplementario-para-otorgar-beneficio-a-agentes-del-orden-congreso-jose-williams-protestas-en-lima-n oticia/

4 ver https://twitter.com/WaykaPeru/status/1601423373942259715?t=TlUrz-UpcUSpswYiAhfWhQ&s=19

5 https://drive.google.com/file/d/1IxCjMcBHrwWcjxGNPzxjxO1FWoM2UVTx/view?usp=sharing ,

https://drive.google.com/file/d/1euzsdpvlc2cAO-mFK99123i3UuUDkOKR/view?usp=share_link

6 https://actualidadgubernamental.pe/noticia/juliaca-hallan-restos-de-proyectiles-en-9-cuerpos-de-falleci dos-en-las-protestas/0269a6f9-6c1a-4779-8532-7717378f05eb/1 Los resultados de las necropsias de los jóvenes asesinados en Andahuaylas. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ivykstbv94uNTtxxjqbzyhGWqL2JBqB1tfjSqq7K2j7i adGKe3nPE7Ng7AJpaE1Yl&id=100087952622588&mibextid=Nif5oz

7 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035G1ddtinpM6GenDvv9QwQD5NwtD9tzNGRvESPY MotCFKgJrovsSgfEChLQpYik83l&id=1697377487233757&mibextid=Nif5oz, https://fb.watch/ih79C_FPGt/

8 Ver disparo que dejó a manifestante https://twitter.com/Epicentro_TV/status/1601382296623276033?t=6CajijmcMz3HIL6-0PokUw&s=08 , https://drive.google.com/file/d/1FIK3Xvr8vTFWTbroBwJrQR0XQJi5RuI_/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/13bz9KaAdcd3eNCUM5xYkOhMEErUUHsLB/view?usp=sharing ,

9 https://drive.google.com/file/d/1KM5eAzP9gJDRNH8m5lJCoxPHgAE8Y8yF/view?usp=sharing

10 el 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho https://fb.watch/i9a_UB15uO/

Juliaca 7 de enero 2023 https://fb.watch/i9bz_NKcvv/ Huancabamba, Andahuaylas el 11 de diciembre del 2022 https://www.facebook.com/daysi.paz.946/videos/1510960349407478/?mibextid=Nif5oz

11 Por ejemplo el 24/01/22 un bus repleto de pasajeros fue gaseado.https://cdn.jwplayer.com/previews/tXY3U2Cp , mujer y su hijo menor de edad fueron golpeados por PNP https://drive.google.com/file/d/1W5Iy6ICTgqHVw6GFOdzadtb1cTbyBd6n/view?usp=share_link, PNP dispara contra transeúnte por la espalda en Cusco https://drive.google.com/file/d/1t289Y1dRCNAn274hEcGVc9bbR_SsrsoI/view?usp=share_link.

12 En Puno, un internista recibió dos impactos de bala https://fb.watch/ihatLMEN0q/

13 https://www.infobae.com/america/peru/2023/01/08/el-testimonio-del-fotografo-herido-con-un-perdigo n-por-la-policia-en-las-protestas-en-puno/ https://drive.google.com/file/d/1dJMYv2AMVG2qLeWNZRZg8g0b38CJHQv4/view?usp=sharing

14 https://www.facebook.com/178333576154352/posts/pfbid0y5Luv6AjzEQwgQHex8sZSYd1ix2SrgdYXSs6d drmsq8MsCmqaMUpNa1ChsvpUXbGl/?mibextid=Nif5oz

15 https://twitter.com/laantigona/status/1603571987116224512

16 https://larepublica.pe/politica/actualidad/2022/12/19/protestas-en-peru-las-nueve-victimas-de-la-repre sion-militar-en-ayacucho-dina-boluarte-ejercito-peruano-fuerzas-armadas-pnp

17 Ver desplazamiento masivo de tropas en Puno https://www.youtube.com/watch?v=ldA8m-1IjZ0

18 https://drive.google.com/file/d/14NZCbfZelm0nID-VFcWJdNuB4U1S4YpN/view?usp=sharing

19Mediante Decreto Supremo Nº 139-2022- PCM en provincias de Apurímac, mediante Decreto Supremo

Nº 142-2022-PCM a nivel nacional, y mediante Decreto Supremo Nº 009-2023-PCM publicado el 25 de enero del 2023 en 3 departamentos, 5 provincias y toda la red vial nacional.

20 https://drive.google.com/file/d/1bnSrIWwVsvfpMq1-SmaJIo4olz7_3rJ4/view?usp=share_link

21 https://youtu.be/pgBa6j2F7x4

22 https://drive.google.com/file/d/12351qgEqllOCSeDP8fI2BqChjzHV28sD/view?usp=sharing

23 https://s.rfi.fr/media/display/a6c14876-7fb5-11ed-b47c-005056a97e36/WhatsApp%20Image%202022-1 2-19%20at%2015.20.42%20%281%29.webp

24 https://www.telesurtv.net/news/peru-continuan-movilizaciones-contra-presidenta-boluarte-20230124-0 029.html

25 https://larepublica.pe/sociedad/2023/01/23/protestas-en-peru-liberan-a-todos-los-detenidos-y-la-unive rsidad-san-marcos-recien-admite-abuso-policial-jeri-ramon-pnp-ministerio-del-interior-unmsm

26 https://bit.ly/3WlFnPd

27https://elcomercio.pe/politica/actualidad/la-fiscalia-registra-608-detenciones-por-las-protestas-a-nivel-n acional-noticia/

28 https://twitter.com/cnddhh/status/1614050690644467712

29 https://twitter.com/cnddhh/status/1616495941191606272

30 https://perurec.pe/tendencias/abogada-denuncia-haber-recibido-culatazo-por-parte-de-la-pnp-en-exteri ores-de-san-marcos/

31 https://www.youtube.com/watch?v=cDNSE9Qpn8A