Concluye persecución judicial contra líderes indígenas del Cenepa

rio cenepa

finalDesde el 2007, fecha en que el Estado peruano recorta el Parque Nacional Ichikat Muja dando pase a las concesiones mineras y manteniéndose inactivo frente a la minería informal en el distrito de El Cenepa, esta actividad extractiva hoy día genera inseguridad, persecución judicial y peligro de muerte a los líderes indígenas que defienden su territorio.

El 12 de noviembre de 2016, tres personas, que ingresaron a territorios indígenas sin autorización ni permiso, fueron retenidas por un grupo de comuneros, cuando se trasladan caminando hacia la comunidad nativa de Shaim[1], en una supuesta expedición de turismo. Después de su retención fueron llevados a la sede de ODECOFROC (Organización de Desarrollo de la Comunidades Fronterizas de El Cenepa) para que en una asamblea comunal expliquen los motivos de su ingreso no autorizado.

Los comuneros en la asamblea reconocieron que esto se trataba de un caso de ingreso de presuntos mineros ilegales a sus territorios y que el argumento de los retenidos sobre realizar turismo vivencial era la excusa para no aceptar su responsabilidad. En ese sentido, se le impuso una multa de un millón de soles y que mientras no se pague tal cantidad no saldrían de sus territorios.

Esta retención causó mucha preocupación entre las autoridades locales; tal es así, que intervino la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura y la Gobernación Provincial de Condorcanqui para liberar a los retenidos, en perfecto estado de salud.

Los presuntos agraviados por la retención presentaron una denuncia por extorsión contra diez líderes indígenas ante la fiscalía provincial Penal de Condorcanqui, iniciándose una persecución judicial contra los líderes indígenas que controlaron el ingreso no autorizado a sus territorios.

El proceso penal, se siguió en condiciones poco favorables para los líderes indígenas debido a la ausencia de internet, servicio de luz, diarios u otro medio de comunicación que permitiera conocer los cargos que se le imputaban para hacer efectivo su derecho de defensa. Tal es así, que el proceso fue derivado a la Defensa Pública y las notificaciones para ponerse a derecho fueron realizadas mediante edictos publicados en la página web del órgano jurisdiccional.

Las consecuencias no tardaron en llegar en perjuicio de los líderes indígenas. Tal es así que el 10 de agosto de 2021 fueron detenidos en el aeropuerto de Pucallpa, después de participar en una Asamblea de Aidesep, los defensores ambientales Agoustina Mayan Apikai e Isaías Mayan Yampis, por contar con una requisitoria derivada de este proceso penal.

Notificados los líderes indígenas, dieron cuenta a sus demás comuneros que se iniciaba el Juicio Oral, sin habérseles dado la oportunidad de plantear excepciones, cuestiones previas, objetar o presentar pruebas.

Durante el desarrollo de las audiencias de Juicio Oral, gracias a la participación activa de los abogados Segundo Herrera (CAAAP) y Rubén Ninahuanca (Paz y Esperanza), se logró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueran observadas como insuficientes para declarar culpables a los procesados; por lo que la fiscal provincial Penal de Condorcanqui, en sus alegatos de clausura, retira la acusación presentada, confirmándola el Juzgado Penal Colegiado de Utcumbamba.

La defensa de los líderes indígenas, señalaron que este es un típico caso de control territorial que las comunidades nativas pueden ejercer sobre sus territorios, siendo en el presente caso contra la minería ilegal, la misma que se encuentra amparada en el artículo 18 del Convenio 169 OIT, como parte integrante de su derecho a la propiedad.

En la actualidad existen precedentes jurisdiccionales respecto al control territorial que las comunidades nativas pueden ejercer sobre sus territorios; tal es así el caso de Ankash Yaku de Achinamisa en la región San Martín, el caso Tres Islas en la región Madre de Dios, el caso contra Zebelio Kayap en la región Amazonas y ahora este proceso penal que, si bien el órgano jurisdiccional no resuelve sobre el fondo, el Ministerio Público, en todo momento, fue cuestionado porque el caso que estaba en juicio era un típico caso de control territorial que pueden ejercer las comunidades nativas y por ende, continuar con este proceso, no era más que una persecución judicial contra quienes defienden el medio ambiente.

Rubén Ninahuanca

Equipo Comunicamazonia – Paz y Esperanza

 

[1] Distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento Amazonas.

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