En nuestro país existen más de 10 millones de niños, niñas y adolescentes, todos ellos y ellas luchan por vivir esta pandemia pero, durante muchos años han luchado contra la pobreza y la indiferencia.
La Ley General de Educación, en su artículo 18 indica que el Estado promueve la equidad en la educación, subrayando que: a) Ejecutan políticas compensatorias de acción positiva para compensar las desigualdades de aquellos sectores de la población que lo necesiten. b) Elaboran y ejecutar proyectos educativos que incluyan objetivos, estrategias, acciones y recursos tendientes a revertir situaciones de desigualdad y/o inequidad por motivo de origen, etnias, género, idioma, religión, opinión, condición económica, edad o de cualquier otra índole. c) Priorizan la asignación de recursos por alumno, en las zonas de mayor exclusión, lo cual comprende la atención de infraestructura, equipamiento, material educativo y recursos tecnológico
El artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niños de las Naciones Unidas, indica en punto 1: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”
Hoy millones de niños y niñas viven en zonas apartadas, no entienden las frases de la televisión o radio, pues, muchos de los ejemplos y contexto de la narración, les son ajenos, igual que el idioma, que en nuestro país, son muy diversos, tantos como los modos de hablar y modos de vida. En varias zonas de nuestro país, acceder a un televisor o incluso a tener pilas o electricidad para una radio, no es cosa fácil para familias que viven con menos dos dólares diarios.
¡¿Cómo dar educación a los que viven en medio de la pobreza?! Esa que estiman nuestros gobiernos en América Latina que no existe cuando alguien gana más de tres dólares diarios. Hoy hay millones de niños y niñas que no pueden hacer una recarga de celulares porque tienen que escoger entre eso o no comer. Más aún en pandemia, con hogares, que son la mayoría, que viven de la informalidad, la misma informalidad que está congelada por la cuarentena. Los más de tres millones de familias que vivían de la informalidad y que ahora aumentarán no tendrán capital para reiniciar sus labores, no tienen bienes que poner a cuenta de créditos ni con parte de pequeñas ni medianas empresas, tiene su carretilla y mano de obra pero, muy poca opción de reanudar su vida, y si lo hacen hay sobre sí, una pena de castigo o hasta de posible enfermedad por delante.
Radio, televisión, internet, todos les pertenecen al Estado pero, en su mayoría lo administran privados. Sin embargo, todos los peruanos somos soberanos en su uso, ¿lo somos efectivamente? ¿Podremos hacerlos accesibles y contextuales hoy en tiempos de “producciones basura”? Necesitamos acabar con la producción de información y entretenimiento basura y crear una nueva oportunidad para nuestro país, una con educación para que “nadie sobre”. Igual que igualar las oportunidades de acceso a trabajo digno.
Autores: Ana Reyes Otiniano/Jorge Arboccó Gallardo.