{"id":266,"date":"2025-08-12T11:13:02","date_gmt":"2025-08-12T16:13:02","guid":{"rendered":"https:\/\/nuestrosderechos.pe\/?p=266"},"modified":"2025-08-12T11:13:02","modified_gmt":"2025-08-12T16:13:02","slug":"criminalizacion-a-defensores-ambientales-en-el-peru","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuestrosderechos.pe\/?p=266","title":{"rendered":"Criminalizaci\u00f3n a defensores ambientales en el Per\u00fa"},"content":{"rendered":"

\"\"Seg\u00fan datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre la situaci\u00f3n de los defensores ambientales de derechos humanos del a\u00f1o 2020 a 2024 han habido 733 casos de criminalizaci\u00f3n y 5957 ataques. M\u00e1s de 30 muertos en los \u00faltimos 8 a 10 a\u00f1os.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

\u201cNosotros reclamamos porque est\u00e1n matando nuestros animalitos y por la contaminaci\u00f3n.\u00a0Cuando hemos reclamado, por eso, nos han denunciado\u201d<\/strong>, dice una lideresa ind\u00edgena de la comunidad de Urinsaya, en la provincia de Espinar, en Cusco. Desde hace cinco a\u00f1os enfrenta un proceso junto a otros nueve defensores ambientales que protestaron en contra de una minera. La lideresa de Urinsaya convers\u00f3 con Mongabay Latam durante el III Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos y Ambientales, que se realiz\u00f3 en Lima, en julio \u00faltimo.<\/p>\n

Para los l\u00edderes ind\u00edgenas, el de Urinsaya es un caso emblem\u00e1tico de\u00a0criminalizaci\u00f3n de personas que protestan contra la contaminaci\u00f3n ambiental<\/strong>\u00a0causada por una empresa minera y por la defensa de su territorio. Este caso que se inici\u00f3 en enero de 2020 entr\u00f3 en la fase de juicio oral en agosto de 2024.<\/p>\n

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)\u00a0entre los a\u00f1os 2000 y 2024 se han registrado 733 casos de criminalizaci\u00f3n<\/strong>\u00a0contra personas defensoras de derechos humanos y ambientales. Entre quienes enfrentan persecuci\u00f3n judicial figuran ambientalistas, ind\u00edgenas, periodistas, defensores sociales y sindicalistas.<\/p>\n

Entre los casos recogidos por la CNDDHH la mayor cantidad de casos de criminalizaci\u00f3n corresponde a\u00a0los ambientalistas, con 370, seguido de los l\u00edderes ind\u00edgenas, con 293<\/strong>. Del resto, los sindicalistas aparecen con 42 casos, los periodistas figuran con 16 y\u00a0 los defensores de derechos civiles y pol\u00edticos presentan 11 casos.<\/p>\n

Mongabay Latam<\/strong>\u00a0consult\u00f3 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Per\u00fa para conocer su posici\u00f3n frente a estas cifras y contextos, pero al cierre de esta nota a\u00fan no hab\u00eda obtenido respuesta.<\/p>\n

Criminalizaci\u00f3n de las protestas<\/h3>\n

\u201cCada vez hay m\u00e1s amenazas y m\u00e1s criminalizaci\u00f3n\u201d<\/strong>, comenta Jaime Borda, especialista en derechos humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. \u201cLa criminalizaci\u00f3n, el hostigamiento al trabajo de defensores y defensoras y el encarcelamiento son datos que han recrudecido y son m\u00e1s frecuentes\u201d, agrega Borda.<\/p>\n

Borda se\u00f1ala que en la zona andina hay\u00a0casos emblem\u00e1ticos de criminalizaci\u00f3n de defensores<\/strong>, como ha sido el de Cotabambas, en Apur\u00edmac. Se trata de un proceso a once defensores ambientales que\u00a0dur\u00f3 diez a\u00f1os<\/a>.<\/span> Tras una primera condena de entre ocho y nueve a\u00f1os de prisi\u00f3n, se resolvi\u00f3 en mayo \u00faltimo cuando absolvieron a todas las personas que hab\u00edan sido denunciadas.<\/p>\n

Borda tambi\u00e9n menciona el caso de un proyecto minero de cobre ubicado en el\u00a0Valle del Tambo<\/strong>, en la provincia de Islay, en Arequipa. En este caso, dice Borda, \u201cse ha condenado a los defensores ambientales a penas efectivas\u201d.<\/p>\n

La oposici\u00f3n al proyecto minero empez\u00f3 en 2009. Sin embargo, entre marzo y mayo de 2015 las protestas se agudizan y los agricultores del Valle del Tambo realizaron una serie de marchas en contra de la decisi\u00f3n del gobierno peruano de autorizar la ejecuci\u00f3n de este proyecto. Los reclamos surgieron por los\u00a0riesgos de que la actividad minera afecte el medio ambiente<\/strong>, las tierras agr\u00edcolas y la calidad y cantidad del agua en el valle.<\/p>\n

Las protestas derivaron en la muerte de por lo menos tres personas que participaban de las protestas y la denuncia de la empresa minera a los dirigentes. Diez de los acusados fueron absueltos. Sin embargo,\u00a0otros dos resultaron condenados a entre 7 y 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

\u201cEn estos momentos se ha criminalizado toda la lucha<\/strong>. He tenido varios procesos en los que he salido libre porque se han archivado. Pero por el paro que se llev\u00f3 a cabo recientemente tengo hasta cuatro carpetas fiscales\u201d, cuenta Juan Miguel Meza, uno de los dirigentes que se opone al proyecto minero en el Valle del Tambo.<\/p>\n

Meza recuerda a las personas que murieron en las protestas desde 2011 y menciona tambi\u00e9n a una persona que result\u00f3 herida en 2011 con solo 19 a\u00f1os, quien desde entonces vive con la bala en el cuerpo. \u201cHay cosas que han quedado marcadas. Estamos en una situaci\u00f3n muy dif\u00edcil\u201d.<\/p>\n

El dirigente tambi\u00e9n menciona el anuncio que hizo hace unos meses el ministro de Energ\u00eda y Minas, Jorge Montero, de que el proyecto se iniciar\u00e1, de todas maneras, este 2025. En m\u00e1s de una ocasi\u00f3n, el titular del Ministerio de Energ\u00eda y Minas ha se\u00f1alado que el proyecto \u201cdebe comenzar en alg\u00fan momento de este a\u00f1o\u201d.<\/p>\n

El especialista en derechos humanos Jaime Borda tambi\u00e9n cita el caso de los\u00a0defensores denunciados en la Reserva Ecol\u00f3gica de Chaparr\u00ed<\/strong>. \u201cEs un caso emblem\u00e1tico en Lambayeque, donde hay defensores constantemente amenazados por el tema del territorio\u201d, comenta.<\/p>\n

\u201cMientras la comunidad ha podido recuperar su territorio, se han levantado nuevas estrategias de criminalizaci\u00f3n que en este momento se est\u00e1n centrando en el presidente de la comunidad\u201d, comenta Javier Ruiz, integrante del Frente de Defensa Salvemos Chaparr\u00ed.<\/p>\n

Ruiz comenta que son\u00a0m\u00e1s de 70 denuncias\u00a0<\/strong>las que ha recibido el presidente de la comunidad Santa Catalina de Chongoyape desde que inici\u00f3 su gesti\u00f3n. \u201cCualquier acci\u00f3n que realice,\u00a0 sobre todo en la defensa del territorio, en la recuperaci\u00f3n de tierras que hab\u00edan sido tomadas en algunos casos por organizaciones criminales se han convertido, parad\u00f3jicamente, en denuncias\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n

Las cifras de la CNDDHH tambi\u00e9n revelan que\u00a0la mayor cantidad de personas criminalizadas est\u00e1 en Cusco, con 141 casos<\/strong>. En segundo lugar est\u00e1 Apur\u00edmac, con 40 casos, seguido por Cajamarca, con 36 casos.<\/p>\n

Una mirada a la Amazon\u00eda<\/h3>\n

La CNDDHH tambi\u00e9n ofrece un registro de agresiones a defensores de derechos humanos y ambientales. Seg\u00fan el portal\u00a0defensores.pe<\/a>\u00a0<\/span>entre 2000 y 2024 hubo 5957 ataques a personas defensoras,<\/strong>\u00a0considerando heridos, asesinatos, detenciones arbitrarias, criminalizaci\u00f3n,\u00a0 amenazas de muerte, acoso u hostigamiento y violencia sexual.<\/p>\n

Frank Pujpat, representante del Gobierno Territorial Aut\u00f3nomo Awaj\u00fan (GTAA), se refiere a las amenazas que enfrenta el territorio awaj\u00fan y menciona que \u00e9l est\u00e1 encargado de la \u201cinterdicci\u00f3n de los mineros que directamente e indirectamente vulneran los derechos del pueblo ind\u00edgena\u201d.<\/p>\n

Pujpat tambi\u00e9n comenta que el\u00a0GTAA ha elaborado el C\u00f3digo de Justicia Especial Comunitaria Awaj\u00fan<\/strong>\u00a0con un C\u00f3digo Civil Awaj\u00fan y un C\u00f3digo Penal Procesal Awaj\u00fan, con el fin de que se administre justicia en esos territorios. \u201cAhora el crimen organizado es una enfermedad para los dirigentes porque muchos menores de 13 a\u00f1os est\u00e1n consumiendo droga\u201d.<\/p>\n

Alfonso L\u00f3pez Tejada, presidente de la Asociaci\u00f3n Cocama para el Desarrollo de San Pablo de Tipishca (Acodecospat), se\u00f1ala que tienen \u201cluchas muy fuertes en la zona de las cuatro cuencas, con el fen\u00f3meno de la actividad petrolera\u00bb.<\/p>\n

\u201cM\u00e1s de 50 a\u00f1os de actividad petrolera -dice L\u00f3pez-, en los que solamente tenemos destrucci\u00f3n del territorio, enfermedades, muertes de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros abuelos\u201d. \u201c\u00bfC\u00f3mo poder defender la vida de nuestros hermanos desde el lugar donde estamos cuando tenemos un Estado y gobiernos que cada vez flexibilizan m\u00e1s la ley?\u201d, se pregunta L\u00f3pez. Se refiere a las recientes modificaciones legislativas que afectan a los pueblos ind\u00edgenas. \u201cSi nosotros queremos defender nuestro derecho, tenemos que defender nuestro territorio\u201d, agrega.<\/p>\n

\u201cDe los an\u00e1lisis que hemos hecho, efectivamente, surge datos duros. El aumento de asesinato de defensores ambientales, principalmente en la Amazon\u00eda, ha sido muy fuerte. En los \u00faltimos 8 a 10 a\u00f1os estamos hablando de\u00a0m\u00e1s de 30 defensores ambientales asesinados<\/strong>\u201d, comenta Borda. El especialista comenta que las cifras mayores de ataques y agresiones est\u00e1n en la zona amaz\u00f3nica, pero tambi\u00e9n hay casos en la zona Andina y la zona costera.<\/p>\n

 <\/p>\n

Fuente:<\/strong> Mongabay. Link:<\/strong> https:\/\/es.mongabay.com\/2025\/08\/defensores-ambientales-peru-criminalizados\/<\/a><\/span><\/p>\n

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