Minería y destrucción de la Amazonia -la situación del departamento de Amazonas-

“En mi comunidad hay 15 dragas que los mineros ilegales operan día y noche. El río Cenepa es pequeño y cuando esas máquinas se juntan, ya no podemos entrar al pueblo con nuestros botes y chalupas. Vivimos contaminados de mercurio y combustible, pero nadie puede hacer nada”.

El testimonio intermitente y angustioso corresponde a Felicio, un profesor de la comunidad nativa de Tuutin, en la región Amazonas, selva del Perú, que prefiere no revelar su verdadero nombre por seguridad. Ha esperado que anochezca para conversar, porque ya no sabe bien cuál de sus vecinos labora con los mineros en la extracción de oro y podría delatarlo si lo escucha. Ha esperado también para describir de cerca el movimiento de las maquinarias en la oscuridad, y el bullicio cerca de los bares que surgieron con la llegada de los ilegales. “Hace un mes que este caos ya no tendría que existir”, dice afligido. Pero todo ha empeorado: las dragas siguen llegando a las orillas de la comunidad, los campamentos mineros crecen y Tuutin ha ido quedando al centro de un foco de devastación hasta ahora inexpugnable.

Tuutin es una de las 63 comunidades nativas de la etnia awajún que son parte de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc). Colinda con Sua San Antonio y Mamayaque; y tiene al frente, del otro lado del río, a Pagki y Nuevo Tutino. A menos de una hora en bote a motor hacia el norte está la comunidad de Huampami y, aproximadamente, a 10 minutos en dirección sureste queda Wawaim. Todos estos pueblos awajún también forman parte de Odecofroc y están enclavados a lo largo de 38 kilómetros de la cuenca del Cenepa, cerca del límite con Ecuador. Se trata de uno de los sectores más vulnerados por la actividad minera ilegal en la provincia de Condorcanqui (Amazonas). Así lo han constatado los dirigentes de Odecofroc a partir de sus últimos recorridos. La organización indígena estima que hay 60 dragas de mineros ilegales solo en el curso del río comprendido entre Huampami y Wawaim.
“En Mamayaque hay dos dragas, en Tuutin hay 15, y en Sua San Antonio, cuatro. En Wawaim, donde hace poco había cuatro, ahora operan 22 dragas. Y así en todo el río. ¿Quiénes tienen la culpa? Los apus de estas comunidades están muy coludidos”, indica el presidente de Odecofroc, Hortez Baitug, a Mongabay Latam.

Hacia fines de junio, la organización awajún, con apoyo de la ONG Paz y Esperanza, identificó 39 dragas en el mismo tramo del Cenepa donde ahora los dirigentes indígenas calculan que hay 60. Lo hallado en junio ya anunciaba un desborde incontrolable del delito, pues solo cinco meses antes, en enero de 2022, Odecofroc con Paz y Esperanza detectaron 20 dragas dispersas en aquel sector del río. Las comunidades corroídas por la actividad minera actualmente son las mismas que hasta mitad de año evidenciaban la presencia de maquinaria para la extracción de oro: Wawaim, Mamayaque, Tuutin, Nuevo Tutino, Pagki, Sua San Antonio y Huampami. Otras como Shapijim, Nuevo Kanam y Aintam no registran dragas en sus orillas, pero aseguran que reciben los tóxicos que discurren desde las zonas vecinas.

Los primeros focos de minería ilegal en las comunidades awajún que bordean el río Cenepa asomaron hace casi cuatro años. Desde ese momento, líderes y pobladores awajún han denunciado esta actividad, corriendo el riesgo de ser amenazados. Sin embargo, las duras condiciones económicas de la pandemia abrieron una ventana de oportunidad para los ilegales. En una asamblea de emergencia organizada el 15 de agosto de este año, algunos de los apus de los pueblos afectados aceptaron que se permitió operar en sus territorios a mineros migrantes de otras regiones, porque apareció la posibilidad de un ingreso económico ante la desatención del Estado. Ellos aseguran que el dinero recibido como compensación fue invertido en diversos proyectos de infraestructura. Así también dejaron expandirse al torrente de contaminación y la crisis social y de seguridad en sus comunidades. Al final de la reunión, se comprometieron a retirar a los mineros en 24 horas, pero la lucha contra este problema ya instalado no termina. A eso se refiere el profesor Felicio, de Tuutin, cuando alega que hace un mes su pueblo debería haber retomado la calma.

¿Cómo se fue enquistando esta amenaza sobre la cuenca del río Cenepa?

Estallido del caos
Desde Huampami, una de las comunidades awajún que está en peligro por la minería aluvial, hay al menos ocho horas de trayecto a pie y navegando por el río Comaina (afluente del río Cenepa) para llegar a Shaim. Y a partir de Shaim, luego de cinco días de caminata por la selva espesa, se llega a la cordillera del Cóndor, cadena montañosa que conforma la frontera entre Perú y Ecuador. Aquí está el otro epicentro de la minería ilegal en la provincia de Condorcanqui. El más antiguo y corrosivo. Las extracciones de oro se realizan en socavones que llegan a tener 200 metros de profundidad, dentro de una zona de la cordillera que había sido contemplada para ser parte del Parque Nacional Ichigkat Muja (ver informe de Mongabay Latam).

En noviembre de 2020, Mongabay Latam publicó un reportaje que detalla la forma cómo mineros ilegales ecuatorianos, del sector conocido como La Herradura, ingresan a excavar fácilmente en el lado de la cordillera del Cóndor que corresponde al Perú. De acuerdo con aquella investigación, las incursiones de los ecuatorianos comenzaron en la década de los 80 y continúan vigentes cerca del puesto de observación Tambo. Peruanos extrabajadores de empresas mineras que alguna vez obtuvieron concesiones en la cordillera también operan ahí junto con los extranjeros. En años recientes, esta actividad atrajo a pobladores de comunidades awajún próximas al punto militar.

Un fenómeno distinto es el que ocurrió en la cuenca del río Cenepa. El expresidente de Odecofroc Zebelio Kayap señala que quienes se asentaron con dragas y motores son mineros ilegales procedentes de Pucallpa, Madre de Dios, Iquitos, Tarapoto y Saramiriza. Desde el 2018, los dirigentes awajún empezaron a denunciar la presencia todavía incipiente de los ilegales y, a fines de ese año, lograron una primera interdicción de la Policía. “En número aún no eran muchos, apenas una o dos familias. Las autoridades solo encontraron dos motores pequeños, no fue una cosa muy simbólica”, apunta Rubén Ninahuanca, coordinador del programa de Gobernabilidad de la ONG Paz y Esperanza, quien trabaja con las comunidades indígenas de Amazonas y San Martín.

Fue entre 2019 y 2020 que la actividad minera se hizo más notoria y riesgosa en las riberas del Cenepa. Y en ese contexto, el brote de la pandemia en el Perú fue determinante para el recrudecimiento de la crisis. Siu Lang Carrillo, coordinadora del programa Amazónico de la organización Cooperacción, dice que la economía awajún estuvo muy afectada y que los foráneos en busca de recursos presionaron a las comunidades para el uso de sus territorios. “Para que tengan una carretera, un local y la parte económica se desarrolle mejor en la zona”, relata. Creció, entonces, el interés por el oro.

En una denuncia presentada ante el Ministerio Público, Odecofroc detalló que personas no awajún, a quienes identifican como empresarios mineros, aparecieron y consiguieron alianzas con algunos jefes comunales durante la pandemia tras prometerles entre el 10 % y 20 % de las ganancias para sus pueblos. Además, otro 10 % para los comuneros que aceptaran la instalación de dragas y maquinarias en sus terrenos, y el 5 % para quienes se sumaran a las operaciones extractivas. “Entonces, los jóvenes ya no quieren dedicarse a los estudios, porque ganan S/300 (US$80) o S/500 (US$128) diarios trabajando en la minería”, explica Hortez Baitug para este reportaje.

En Mamayaque sucedió un caso particular. Un exdirigente de esa comunidad confirma a Mongabay Latam que los mineros ilegales le ofrecieron entregar hasta el 25 % de las ganancias generadas en un ‘alce’ (jornada de trabajo que puede durar un día entero). Era septiembre de 2020 y, asegura, descartó la posibilidad en cumplimiento con el reglamento interno aprobado por toda la población.

Hortez Baitug apunta que los mineros ilegales asentados en la cuenca del río Cenepa venden el gramo de oro a S/170. Luego hace una rápida ecuación mental y aproxima que por cada ‘alce’ obtienen casi S/60 000, pues llegan a sacar hasta 352 gramos del metal. En el mercado formal, el precio por gramo equivale a casi S/235 (US$60), tomando en cuenta que la onza está en S/6684 (US$1714). El abogado especialista en materia ambiental César Ipenza indica a Mongabay Latam que, ante la situación de ilegalidad, estos mineros deben vender el oro a un precio muy por debajo del oficial. “Ahí ocurre el ‘blanqueo’: muchos mineros que sí están registrados compran oro ilegal y lo hacen pasar como suyo”, precisa. El resultado, prosigue el especialista, es que el Perú registra una producción anual de 120 toneladas de oro, pero se exportan 170 toneladas.

Ilegalidad y amenazas

La incesante actividad minera ha marcado una línea clara entre los pobladores awajún que la rechazan por el perjuicio de su entorno ambiental y quienes todavía están a favor debido a la alternativa laboral que tienen en las extracciones de oro. Los pueblos originarios del Cenepa carecen de servicios básicos e infraestructura, y acusan una permanente falta de apoyo y control del Gobierno peruano. Ese ha sido el reclamo frecuente de apus y comuneros durante la reuniones en torno al dilema que enfrentan.

Este conflicto derivó en una cadena de amenazas de los mineros ilegales que se instalaron en la zona contra los líderes indígenas que hace más de 10 años encabezan la defensa del territorio awajún. Hortez Baitug recuerda que lo amedrentaron por primera vez en una zona militar denominada Umar 7, situada entre las comunidades de Tutino y Pagki. Allí él había intentado disuadir a un grupo de mineros que empezaba sus operaciones. “Por tu culpa el pueblo se está muriendo de hambre, seguro ya estás cansado de este mundo ¿no?”, repite Baitug lo que le increparon. Él está convencido de que empresarios promotores y financistas de la minería aluvial en este pedazo de selva tienen en marcha a sicarios para asesinarlo.

Cerca del puerto principal del río Nieva, Zebelio Kayap enfrentó un trance similar. Ocho sujetos, entre los que reconoció a dos comuneros indígenas, le cortaron el paso cuando se dirigía a comprar materiales de trabajo. “Eres el que impide nuestras labores. El pueblo se muere de hambre mientras tú vives bien. Así como te hemos encontrado ahora, así te van a encontrar muerto”, le dijeron. Cuando intentó tomar una foto, relata, los agresores partieron en un deslizador. Kayap fue presidente de Odecofroc entre el 2008 y 2015, y actualmente apoya a la organización awajún en la parte técnica. Así como Hortez Baitug y la lideresa Augostina Mayán, Zebelio Kayap cuenta con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia.

Aun con el peligro en expansión y las denuncias que lo describían, a inicios de 2022 ninguna comunidad awajún vulnerada por la minería ilegal había logrado que las autoridades realicen una nueva interdicción. Para ese momento, Odecofroc y la ONG Paz y Esperanza tenían reportada la presencia de 20 dragas dispersas en el curso del Cenepa que va de Huampami hasta Wawaim. El documento con los hallazgos fue parte de una denuncia penal presentada a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Bagua. En busca de una vía de solución, los dirigentes antimineros consiguieron reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo. Poco después, fue instalada la llamada Mesa Técnica para el Desarrollo Territorial de Condorcanqui. Uno de los puntos que aquí se priorizó fue la declaratoria de emergencia en la provincia amazónica para el control de la minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico.

Estos son los puntos donde, a fines de junio, la organización indígena Odecofroc identificó 39 dragas dentro de la cuenca del Cenepa. Ahora hay 60.

El 24 de junio, el Gobierno peruano oficializó el estado de emergencia en Condorcanqui por un periodo de 60 días. La declaratoria, señala Zebelio Kayap, implicaba el inicio de un plan de interdicciones contra la minería aluvial. Sin embargo, la contaminación y deterioro en los pueblos awajún del Cenepa se estaba agudizando todavía más. Conforme a la segunda evaluación hecha por Odecofroc con Paz y Esperanza, la cantidad de dragas había aumentado a 39. Rubén Ninahuanca explica para este reportaje que, a diferencia de lo encontrado en el primer recorrido, los mineros ya estaban aplicando una metodología por buceo. “Es decir, un motor, con dos balsas en el río, que bombea la arena en forma constante. El oro es sacado mediante unas fajas”, precisa. Aun en periodos en que el nivel del Cenepa es muy bajo, este sistema permite las operaciones con normalidad.

Otro suceso previo al acuerdo indígena de erradicar a los mineros del Cenepa, y que evidenció la convulsión en territorio awajún, tuvo lugar en la sede de Odecofroc el 17 de julio. Un grupo de mineros y comuneros vinculados con los ilegales irrumpió en el local, situado en Mamayaque, y retuvo a los dirigentes de la organización indígena. En el recuento de los hechos informado a la Fiscalía Provincial Penal de Condorcanqui, los líderes de Odecofroc sindicaron a Roger Tsejem Mayán, apu de Mamayaque; Fidencio Saukai Mashian, apu de Tuutin; Sergio Kunchikui Jintash, apu de Suwa Pagki; y al comunero Pedro Sejekam como responsables de la agresión y de cortar la señal de Internet para tenerlos incomunicados. Los cuatro fueron denunciados también por cometer minería ilegal agravada y contaminación ambiental.

En medio de este clima de tensiones, luego de más de tres años, las autoridades realizaron una interdicción en el río Cenepa. La Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú halló solo seis dragas en las comunidades de Mamayaque y Wawaim. En un posterior patrullaje por las orillas de los pueblos awajún amenazados, antes de la quincena de agosto, tampoco se pudo destruir por completo las maquinarias mineras. Peor todavía, Zebelio Kayap señala que arreciaron las amenazas en su contra y la de Hortez Baitug, por su incidencia para el desarrollo de los operativos. Ambos ya no permanecen en sus pueblos de origen por seguridad, pero a través de llamadas y sus redes sociales les llegan las advertencias. Desde el 2020, en que la minería aluvial se expandió por el Cenepa, Kayap remarca que unas 10 hectáreas de bosques de requia, ojé y cetico han sido deforestadas.

Fuente: Mongabay.

Nota completa en: https://es.mongabay.com/2022/09/mineros-ilegales-afectan-a-comunidades-de-la-frontera-de-peru-y-ecuador/

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