Inicia un nuevo proceso de Formación en Justicia Intercultural con enfoque ambiental y territorial en alianza estratégica con la Corte Superior de Justicia de San Martín (Escuela de Justicia Intercultural) y Paz y Esperanza con la participación de jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios del sector ambiente del gobierno regional de San Martín.
Este es un nuevo inicio de un proceso para enfrentar, en una perspectiva intercultural, los conflictos y desarrollo territorial de esta zona de la Amazonía Andina Peruana.
El Poder Judicial, tomando en cuenta la trascendencia de promover y consolidar un sistema de justicia intercultural que responda a la diversidad étnica y cultural de nuestro país y a pedido del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con fecha 29 de noviembre del 2013, publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución Administrativa N° 333-2013-CE-PJ del 27 de diciembre de 2013, que aprobó dos importantes documentos que permiten, por un lado, una mejor coordinación y cooperación entre los sistemas de justicia existentes en nuestro país, y, por el otro, que el Poder Judicial actúe con pertinencia cultural cuando procese a ciudadanos comuneros y ronderos.
Se trata del “Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia” y el “Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos”, respectivamente; promovidos por la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz del Poder Judicial, a través de la Oficina Nacional Justicia de Paz y Justicia Indígena -ONAJUP-, los mismos que fueron formulados con la asesoría técnica y el apoyo del Programa EUROSOCIAL II.
En lo que respecta al “Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia”, el Poder Judicial estimó necesario establecer y desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación entre las autoridades de la jurisdicción estatal y la jurisdicción especial comunal, tomando en cuenta lo establecido por el artículo 149° de la Constitución Política del Perú y el Proyecto de Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia aprobado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República y presentado al Congreso de la República cuyo registro es el No. 313/2011-PJ, el mismo que se encuentra siguiendo el trámite legislativo correspondiente.
Este protocolo sistematiza una serie de conceptos y principios de la coordinación intermodal; establece el factor de congruencia, así como las responsabilidades y deberes de las autoridades; fija reglas para la determinación de la competencia territorial, personal y material de los sistemas de justicia; y regula el funcionamiento de la coordinación desde la perspectiva de los operadores judiciales, utilizando normas y estándares nacionales e internacionales, con miras a fortalecer las relaciones de coordinación y cooperación actualmente existentes y solucionar conflictos y situaciones de tensión que puedan suscitarse entre estas jurisdicciones bajo criterios de reciprocidad y sin ninguna forma de discriminación, esto es, en un marco de igualdad, respeto y diálogo intercultural.
De la misma manera, el “Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos”, tiene como objetivo establecer pautas que orienten la actuación de los jueces al momento de administrar justicia a las comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas, y a sus integrantes, para garantizar sus derechos individuales y colectivos durante los procesos judiciales que los involucren.
Contiene una serie conceptos, principios y reglas de actuación para los jueces con fines de garantizar el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y la identidad cultural de dichas colectividades y sus integrantes.
Entre las reglas más importantes se encuentran las de valoración cultural en el proceso, la asistencia legal especializada y gratuita, el uso del propio idioma y del intérprete, la garantía de comprensión del proceso, la adaptación y flexibilización de los procedimientos, el uso del peritaje antropológico jurídico, entre otras.
Este Protocolo se sustenta también en normas y estándares nacionales e internacionales, y es una herramienta ilustrativa y persuasiva para que los jueces que tienen a su cargo la impartición de justicia actúen con pertinencia cultural.
Estos documentos han sido elaborados acorde a lo establecido en la Constitución Política del Perú, el Convenio 169° de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, así como las “Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia para Personas en Condiciones de Vulnerabilidad” y la “Carta de Derechos de las Personas ante el Poder Judicial Peruano” a cuya implementación se obligó mediante la Resolución Administrativa N° 266-2010-CE-PJ del 23 de octubre de 2010, y son herramientas trascendentales para el desarrollo la justicia intercultural en nuestro país, ya que permitirá mejorar las condiciones de juzgamiento en procesos que involucren a ciudadanos indígenas, como el proceso conocido como el “Baguazo” y otros; como también la promoción de la especialización de los peritos antropológico.
San Martín, ha sido el primer distrito judicial del país que ha desarrollado un proceso de dialogo intercultural a partir de la creación de la primera Escuela de Justicia Intercultural del Perú. Así mismo, viene siendo un lugar importante para el desarrollo de un proceso de empoderamiento al sistema nacional de Defensa Pública pues, en San Martín el Ministerio de Justicia ha venido implementado un área de justicia indígena, el mismo que viene acompañando a las comunidades indígenas en procesos de desarrollo de capacidades y defensa legal.
Por otra parte, esta región es una de las regiones con mayor índice nacional de deforestación pero, que aún guarda bosques y recursos naturales irremplazables. Al mismo tiempo, sobre estos recursos, surge una gran presión territorial producto de la migración y un creciente mercado de tierras. Gran parte de los territorios que aún conservan bosques y recursos naturales, se encuentran dentro de territorios indígenas. Esto viene produciendo una serie de conflictos por el uso del territorio y la explotación de recursos naturales donde se ven involucrados pueblos indígenas y campesinos.
La presente propuesta de formación, busca generar capacidades y puentes de dialogo entre entes operadores de justicia, instituciones estatales dedicadas a la protección ambientales y los pueblos indígenas de San Martín para prevenir y atender en el marco de la justicia intercultural y los derechos indicados en la presente, casos que puedan presentarse con el mayor conocimiento y posibilidad de coordinación que puedan generarse como producto final del presente proceso de trabajo.
Comparte más información con el hastag: #JusticiaInterculturalSM
