¿Quiénes son y dónde están los pueblos indígenas? es una pregunta histórica que muchos se han venido haciendo desde cientos de años atrás y siempre con intereses muy distintos a los de los propios implicados.
Desde la Colonia española, los pueblos originarios de estas tierras que hoy llamamos América Latina, fueron reducidos a pequeños espacios geográficos con el fin de controlar sus levantamientos y poder tenerlos cerca para convertirlos en mano de obra para la extracción de minerales y la producción agro-ganadera, la cual, debía abastecer tanto a España y sus intereses como a sus enclaves poblacionales dispersos por nuestros países.
Con la llamada Independencia del Perú, no todos fueron libres e independientes, los pueblos originarios de estas tierras siguieron siendo la mano de obra de las minas y los latifundios, esclavizados y pagando permanente impuestos para el sostenimiento del naciente Estado Peruano.
En 1825 el General Simón Bolivar, por Decretos diversos, buscó abolir la existencia de las Comunidades llamadas Indígenas, lo cual, favoreció la apropiación de estas por parte de los latifundistas de aquella época. Así se prendió la mecha de una serie de levantamientos indígenas a los largo de la historia Republicana, los cuales, fueron parando progresivamente gracias a un gradual reconocimiento de los derechos de estos pueblos. El mayor avance en éste proceso fue el reconocimiento expresado en la Constitución Peruana de 1920, su artículo más significativo al respecto indicaba: “El Estado protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. La Nación reconoce la existencia legal de las comunidades de indígenas y la ley declarará los derechos que les correspondan” .
En la Colonia como durante la República, ya era de interés de los gobiernos de turno saber quiénes eran los indígenas y dónde estaban, esto, para cobrarles impuestos y para establecer balances sobre la mano de obra con la que contaban los latifundios para su funcionamiento. Durante ese proceso, los grupos en el poder incidieron sobre la población con la idea que entre más parecidos a los españoles fueran, más derechos y valor tendrían como personas, eso marco la pirámide de derechos como de denominación bajo el criterio de “razas”. Eso lo podemos ver hasta nuestros días cuando una madre o padre ve a su hijo recién nacido y menciona opiniones como: “qué bueno, mejoramos la raza, saliste sin el pelo parado y más blanquito que…” Esta entre otras razones, nos puede explicar cómo entre un Censo Nacional y-o local y otro, cientos de personas a las que se les quiere denominar: indígenas, desaparecen de las estadísticas nacionales en vez de aumentar como el conjunto de la población.
En estos días, luego de un largo tiempo de espera para que el Estado peruano abra una Base de Datos sobre cuáles son las comunidades originarias llamadas campesinas y nativas en el país y dónde están, finalmente han desistido. Razones, varias, pero tal vez la fundamental es que quieren evitar conflictos sobre quién sí es y quién no es pasible de ser reconocido bajo los derechos a los que están adscritos los pueblos llamados: indígenas, sobre todo, para evitar el reclamo del Derecho a la Consulta de estos pueblos, principalmente de los mayoritarios: los denominados campesinos y de las poblaciones que habla el idioma Quechua, Kichua o Kishwa, y claro, también de todos los demás.
La discusión sobre las denominaciones y derechos de estos pueblos, probablemente seguirá un largo tiempo en la agenda nacional. Más seguro aún, es que quiénes tienen el poder económico, impedirán dos cosas durante el proceso de discusión del tema en el escenario nacional: primero, recordar cabalmente la historia de estos pueblos, la misma que no aparece íntegramente en nuestros libros de historia escolar, sobre todo, sus protestas exigiendo sus derechos. Lo segundo que estos grupos en el poder buscarán, que finalmente estos mismos se ahorren su reconocimiento como pueblos originarios. La razón, la misma que históricamente hemos tenido: la Inversión económica muchas veces busca imponerse al Derecho, y esto se da a menos que la población ejerza un reclamo justo y logre hacerse respetar. Esto llega históricamente a durar largos años y genera grandes conflictos; esperamos que éste no siga siendo el caso.
