Un análisis reciente de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) y académicos de la Universidad McGill demuestra que la gran mayoría de los países con cobertura boscosa tropical que pretenden beneficiarse de los mercados internacionales del carbono forestal aún no han definido práctica ni jurídicamente los derechos que tienen los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes sobre el carbono que se encuentra en sus tierras y territorios consuetudinarios. Esta falta de claridad respecto a los derechos plantea riesgos importantes tanto para las comunidades como para los inversores, ya que genera incertidumbre sobre quién se beneficiará de los mercados del carbono, las compensaciones y las estrategias de reducción de emisiones.
Alain Frechette, director de Análisis Estratégico y Compromiso Global de la RRI, manifestó: « Sin salvaguardias jurídicas adecuadas, la demanda creciente de soluciones basadas en la naturaleza podría llegar a incentivar el acaparamiento de tierras y la captura de carbono por parte de los Estados y de terceros, incluso en aquellos casos en los que las tierras y los bosques en cuestión se encuentran bajo la propiedad de las poblaciones locales. Resulta crucial que los legisladores y los activistas del clima defiendan los derechos de los pueblos de los bosques como base fundamental para que las medidas climáticas basadas en la naturaleza sean eficaces, equitativas y sostenibles ».
En el análisis se examinó la situación del reconocimiento jurídico de los derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes sobre el carbono que contienen sus tierras y territorios en 31 países de África, Asia y América Latina. En conjunto, estos países albergan casi el 70 % de los bosques tropicales del mundo, ya que incluyen los cinco países con la mayor cantidad de bosques tropicales del planeta: el Brasil, la República Democrática del Congo, Indonesia, el Perú y Colombia. Los 31 países analizados representan al menos el 62 % del potencial total de soluciones naturales viables al cambio climático, así como la mayor parte de las oportunidades de compensación de las emisiones de carbono.
Se evaluó la preparación de cada uno de estos países para establecer mercados del carbono, lo que les permitiría vender créditos de carbono, es decir, unidades comercializables que se han medido y contabilizado con arreglo a un sistema de línea de base y créditos y que los Gobiernos y las empresas pueden comprar para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones. Los resultados muestran que, en general, pocos de los 31 países reconocen explícitamente los derechos comunitarios sobre el carbono y aún menos han evaluado la viabilidad operativa y política de las normas establecidas.
Entre los resultados clave del estudio de investigación están los siguientes:
Solo 3 de los 31 países estudiados (Etiopía, el Perú y la República del Congo) reconocen explícitamente los derechos comunitarios sobre el carbono de las tierras bajo propiedad de las comunidades o que están designadas para ellas.
Solo 3 países (el Brasil, Colombia y Costa Rica) vinculan los derechos sobre el carbono a varios tipos de propiedad de la tierra o de los bosques (incluidas las tierras bajo la propiedad legal de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes), estableciendo que estos colectivos son los propietarios del carbono de sus tierras.
Solo 5 países (Costa Rica, Filipinas, Indonesia, México y Viet Nam) cuentan con mecanismos que definen cómo se repartirán los beneficios relacionados o no con el carbono, tal como exigen los planteamientos jurisdiccionales de REDD+. Además, se verificó que solo el mecanismo de uno de ellos (Viet Nam) estaba parcialmente operativo.
De los 31 países, 19 cuentan con mecanismos de información y atención de reclamaciones para apoyar la participación en REDD+, proteger a las comunidades y garantizar transacciones justas y transparentes. De ellos, solo Costa Rica y México han puesto en marcha estos mecanismos.
En un momento en el que algunos de los agentes más poderosos del mundo pretenden multiplicar rápidamente el mercado internacional del carbono, las soluciones basadas en la naturaleza atraen importantes inversiones públicas y privadas. Las compensaciones de las emisiones de carbono y los regímenes de reducción y absorción de emisiones cobran forma mediante iniciativas de mercado voluntarias, acuerdos de pago en función de los resultados y financiación específica para hacer frente al cambio climático. La LEAF, una ambiciosa coalición de los sectores público y privado a la que se han unido empresas líderes como Amazon, Bayer, Nestlé y Unilever, se ha fijado como objetivo inicial movilizar al menos 1 000 millones de dólares estadounidenses para créditos jurisdiccionales de REDD+ emitidos por la iniciativa Architecture for REDD+ Transactions (ART).
Las tierras consuetudinarias que poseen, gestionan y administran los Pueblos Indígenas y las comunidades locales abarcan casi la mitad de la superficie terrestre y se ha constatado que la tasa de deforestación en estas tierras es menor que la de las tierras gestionadas por otros agentes. Sin embargo, la mayoría de ellas aún carecen de reconocimiento jurídico por parte de los Gobiernos. Incluso cuando los derechos sobre la tierra están reconocidos legalmente, los derechos de las comunidades sobre el carbono y la comercialización de la reducción de emisiones siguen siendo inciertos y se prestan a diferentes interpretaciones.
El análisis también reveló que, aunque unos pocos países han establecido marcos para regular sus transacciones de carbono, la gran mayoría los ha definido solo de forma parcial o insuficiente, lo que indica que la mayor parte de los países analizados no están debidamente preparados para realizar transacciones de carbono forestal.
« Existe un riesgo real de que ni las personas ni el planeta se beneficien de las transacciones de carbono si no se resuelve la cuestión de los derechos sobre este », afirmó Sébastien Jodoin, coautor del estudio y titular de la Cátedra de Investigación sobre Derechos Humanos, Salud y Medio Ambiente de la Universidad McGill. « Estas iniciativas se crean para financiar a Gobiernos que no tienen un buen historial de administración de este tipo de fondos ni de respeto de los derechos de las comunidades forestales », comentó.
Representantes de varias organizaciones de Pueblos Indígenas, comunidades locales y Afrodescendientes señalaron que el análisis pone de relieve los riesgos que acarrea ampliar los mercados del carbono sin garantizar primero los derechos sobre la tierra de estos colectivos.
« El compromiso de proteger los bosques y el clima a escala internacional es de agradecer, pero esto no puede hacerse sin la participación de los Pueblos Indígenas, que tienen derechos históricos sobre la mitad de los bosques tropicales del mundo », observó Fany Kuiru Castro, líder Indígena del pueblo uitoto del clan jitomagaro de la Amazonía colombiana, quien añadió: « Hemos protegido el Amazonas y otros ecosistemas vitales durante generaciones y no pueden seguir pasando por alto nuestros derechos ».
Los autores del estudio plantean que, para que sean eficaces, todas las soluciones basadas en la naturaleza vinculadas al carbono forestal deben cumplir las siguientes condiciones previas antes de que se produzca cualquier transacción:
- Que se garantice que los derechos de las comunidades sobre las tierras consuetudinarias, los bosques y el carbono se reconozcan y protejan explícita y formalmente en la legislación y en todos los programas jurisdiccionales y contratos de proyectos
- Que se asegure el respeto de estos derechos y del consentimiento libre, previo e informado y se establezca un mecanismo sólido y accesible de información y atención de reclamaciones
- Que se establezca un mecanismo claro de participación en los beneficios creado de forma transparente junto con las comunidades para compensar de forma justa a los titulares de los derechos sobre la tierra y los bosques por sus contribuciones a la mitigación de los gases de efecto invernadero, que les permita decidir si participarán o no en el programa jurisdiccional propuesto
En el análisis se concluye que una inversión considerable en el reconocimiento de los derechos sobre la tierra de los Pueblos Indígenas y las comunidades es un requisito previo para el programa climático internacional. Sin embargo, un estudio reciente de la Rainforest Foundation Norway ha demostrado que, de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a mitigar el cambio climático y adaptarse a este, menos del 0,1 % se dedica a los derechos de tenencia de las comunidades Indígenas y locales, a pesar del creciente consenso del círculo científico respecto a que estos derechos son una solución muy rentable al cambio climático.
« Nunca ha sido más urgente realizar una inversión considerable para frenar la deforestación y proteger la biodiversidad existente —dijo Jodoin—. Pero, sin inversiones comparables para garantizar los derechos de las comunidades y sin medidas climáticas coherentes, es poco probable que las soluciones basadas en la naturaleza tengan los efectos deseados. Los enfoques basados en los derechos ofrecen la única forma tangible de lograr el alcance necesario para hacer realidad la promesa de las soluciones basadas en la naturaleza para luchar contra el cambio climático ».
Informe completo, descargar aquí: Spanish-Carbon-Rights-Brief-6-pager-v2
Fuente: Rights and Resources.
Foto: MINAM.
