Hace cuatro años, cuando estalló el conflicto minero Tía María informamos sobre los antecedentes de Southern Copper y el Grupo México (GM), de la que es subsidiaria. Ahora, que el Gobierno peruano ha decidido otorgarle a esta empresa licencia para que construya la mina en Arequipa, donde siete peruanos han muerto en dos protestas (2011 y 2015) coincidentemente esta compañía es noticia en México por haber contaminado el mar.
Al día siguiente que Southern anunciara que el Ministerio de Energía y Minas de Perú (Minem) le dio luz verde para explotar los yacimientos de cobre Tía María y La Tapada, el GM derramó 3,000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, “una zona de enorme riqueza biológica”, informa el diario El País. Si bien la empresa ha dicho que no hay personas afectadas y que no fue necesario activar un plan de emergencia, la experta en agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Elena Burns, lo consideró un “crimen ambiental”. “Son sustancias que envenenan la fauna marina”, dijo.
Este nuevo derrame se produce cinco años después del mayor desastre natural en la historia de México: el derrame de 40,00 metros cúbicos de metales tóxicos en el río Sonora, responsabilidad del GM.
El 6 de agosto del 2014, Buenavista del Cobre, empresa del GM, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre a los ríos Bacanuchi y Sonora en México. La Comisión Permanente que se formó consideró que este es un caso de ecocidio, ya que el derrame también ha afectado las actividades ganaderas y agrícolas en la zona. Como señala el diario La Jornada, por este caso, el GM ha pagado una multa de 40 millones de pesos impuestos por el gobierno federal y depositó 2,000 millones de pesos en un fideicomiso. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México ha estimado que el costo por el derrame es de 1, 800 millones de pesos. Greenpeace consideró que el daño ambiental en la zona es irreversible.
A pesar de todo esto, el GM dice en su página web que están forjando “el presente y futuro con base en el desarrollo sostenible”. “Llevamos a cabo todas nuestras operaciones bajo un estricto respeto al medio ambiente y buscando el progreso y desarrollo de nuestra gente”, afirma. La realidad refleja, al menos, una contradicción en todo esto. ¿Y quién es el dueño de esta compañía? En su página web se indica que el presidente del GM es el mexicano Germán Larrea Mota-Velasco, un hombre misterioso, ya que es el segundo más millonario de su país, pero pocos lo reconocerían si lo ven por la calle.
En setiembre del 2014, Forbes México le dedicó un artículo debido a su aparición en público junto al expresidente Enrique Peña Nieto. Según Forbes, la fortuna de Larrea es de 15,700 millones de dólares. Y cuando quisieron entrevistarlo para que responda sobre los cuestionamientos a sus empresas, desapareció. En el 2015, el semanario Proceso de México publicó un artículo titulado “Grupo México exporta a Perú… huelgas, muertos, contaminación y corrupción”, en el que daba cuenta del conflicto socioambiental en Arequipa.
Volviendo a Perú, otro de los antecedentes de Southern que se deben tomar en cuenta son las investigaciones y multas por contaminación ambiental. Vayamos al origen. Como recuerda la abogada Mirtha Vásquez, Southern Copper Corporation Perú fue creada en 1952 y siempre ha actuado en el sur del país con las minas Toquepala y Cuajone.
“Cuando Southern empezó sus operaciones en los años cincuenta, contaminó severamente la costa producto de sus procesos de fundición y la creación de relaves. Al menos el Valle de Ilo quedó contaminado producto de sus emisiones toxicas realizadas”.
Por ejemplo, por su actividad minera desde 1960 hasta 1996, la empresa vertió 785 millones de toneladas de relaves mineros en la bahía tacneña de Ite. En el 2015, la municipalidad de este distrito denunció contaminación minera en la zona de los humedales y exigió que Southern remedie los daños. La empresa se había comprometido a ejecutar el “drenaje y recuperación de tierras”, pero lo estaba incumpliendo. Según la minera, los daños eran causa del cambio climático.
En la provincia de Ilo, la Municipalidad denunció, en el 2013, un sobreíndice de contaminación por dióxido de azufre en la fundición de Southern con un nivel superior a 190 ug/m (microgramos por metro cúbico) en la zona (el límite máximo permisible es 80 ug/m3). En marzo pasado, la minera anunció la construcción de una nueva fundición en Ilo y dijo que esto no estaba condicionado por Tía María.
En el distrito de Torata-Mariscal Nieto, agricultores protestaron contra la empresa, a la que acusaron de contaminar el agua y al aire producto de las actividades extractivas de Cuajone. El dirigente Samuel Coayla dijo que Southern se estaba burlando de sus demandas.
En enero del 2015, la Fiscalía Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de 1 millón de dólares para el presidente ejecutivo de Southern Perú, el mexicano Óscar González Rocha, por el presunto delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo.
Como informó el diario El Búho, los hechos se remontan al 2007, cuando Osinergmin ordenó auditoría a Southern sobre el cumplimiento del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA). Se acusó a González Rocha de haber permitido de manera negligente que la Unidad Operativa Fundición y Refinería de Cobre de Ilo emita partículas de la chimenea del horno Isasmelt, superando los límites máximos permisibles establecidos por ley en un 100% aproximadamente. Además, se le denunció por haber permitido que se efectúe vertimientos de agua con arsénico hacia el mar de Ilo, el mismo que superó los límites máximos permisibles hasta en un 800%.
Por otro lado, en Apurímac, para el proyecto “Los Chancas”, Southern construyó carreteras, destruyó campos de cultivo e instaló motobombas en los puquiales para llevar agua a las maquinarias de perforación, con lo que contaminó el agua que regaba los pastos naturales, señala Vásquez. En el 2001, el alcalde de Tapairihua pidió la suspensión de los trabajos de exploración. Sin embargo, las autoridades no lo tomaron en cuenta y se han producido varios enfrentamientos entre comuneros y trabajadores de la empresa. El último registrado es de octubre del 2014, cuando los ciudadanos reaccionaron cuando la minera trasladó equipos y maquinaria pesada al campamento de la mina. El diario Correo informaba así sobre el hecho:
“[…] repentinamente comenzaron a llegar pesados camiones, originando la reacción de los comuneros que sin dudarlo colocaron piedras y troncos en el único acceso que conduce al campamento minero”.
Los dirigentes denunciaron que el problema es la actitud de la empresa, que parece acostumbrada a imponer y luego buscar “diálogo”.
“No es la primera vez que la empresa Southern Perú quiere imponer sus criterios. Hace 14 años que estamos enfrentados por esa misma actitud, la cual rechazamos”, dijo Eulogio Perez, activista de Abancay.
Este historial no puede ser negado. Al respecto, el entonces gerente técnico de Southern, Carlos Aranda, reconoció que la empresa, en su primera etapa, no hizo “las cosas bien”. “Seamos honestos: la población nos veía como muy soberbios”, dijo a El Comercio en el 2015.
Por estos antecedentes, se entiende que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha multado al menos 14 veces a Southern por mal manejo de residuos sólidos, residuos peligrosos, entre otras infracciones.
En setiembre del 2018, una nueva denuncia contra el directivo de Southern se hizo pública por el presunto delito de usurpación: la ciudadana Dersy Bustamente Cáceres denunció que le derrumbaron su casa en Ilo.
Estos y otros datos explican por qué, hasta el momento, se mantiene la desconfianza de Islay a pesar de algunos cambios que la minera hizo a Tía María. Según GM, este proyecto usará tecnología ESDE con plantas inocuas para el medio ambiente, “pues no requieren un proceso de fundición y, en consecuencia, no generan emisiones atmosféricas”, explica El Economista.
“El proyecto sólo utilizará agua de mar, transportándola más de 25 kilómetros hasta 1,000 metros sobre el nivel del mar, e incluye una planta desalinizadora […] los recursos hídricos del río Tambo se usarán solamente para la agricultura y el consumo humano”.
Los ciudadanos de la provincia de Islay rechazan, desde hace nueve años, a Tía María. En el 2011, en una protesta liderada por agricultores, salieron a las calles basados en las 138 observaciones que hizo las Naciones Unidas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero. Cuatro años después volvieron a manifestarse ante la posibilidad de que se inicie la construcción de la mina.
Esta semana, ante el anuncio de la licencia de construcción, autoridades y dirigentes de Islay han convocado a un paro indefinido que empezará este lunes 15 de julio. También planean un paro macroregional al que se uniría no solo toda la región Arequipa, sino también Cusco, Apurímac y Puno. Ellos se sienten indignados por haberse enterado de esto a través del anuncio de la empresa y no por un comunicado del Gobierno. También se han sentido excluidos en esta toma de decisiones sobre un proyecto extractivo cercano a su zona: el Valle de Tambo.
Autor: Jorge Paucar.
