La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación ante la persistencia de la violencia e intimidación en contra de personas defensoras que se registran durante los primeros cuatro meses del año, y llama a los Estados a proteger a quienes defienden los derechos humanos con medidas y acciones concretas que incluyen la investigación de los hechos de violencia.
Entre los meses de enero y abril, la CIDH observó que la violencia contra personas defensoras se ha mantenido en números alarmantes, al menos 33 asesinatos ocurrieron en países de la región, cifra mayor a los 27 casos registrados durante el mismo periodo en el 2022. Preocupa a la Comisión, que la mayoría de estos asesinatos siguen siendo contra personas defensoras del medio ambiente, la tierra o el territorio.
En cuanto a los casos documentados, en Brasil, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró el asesinato de al menos 8 personas defensoras. En enero, fueron asesinados los defensores indígenas Pataxó Samuel Cristiano do Amor Divino y Nauí Brito de Jesus en Itabela, Bahía. Asimismo, fueron asesinados los defensores indígenas Valdemar Marciano Guajajara y José Inacio Guajajara y el defensor Raimundo Ribeiro da Silva en Araiboia en Maranhão. Ese mismo mes, fueron asesinados los defensores Raniel Barbosa y Rodrigo Hawerroth durante un operativo de recuperación en Nova Mutum- Paraná, Rondônia. De igual manera, fue asesinado el defensor Patrick Gasparini Cardoso en el distrito de Nova Mutum-Paraná, área rural de Porto Velho y Nova Dimensão, en el municipio de Nova Mamoré, Rondônia.
En Colombia, OACNUDH recibió 71 denuncias sobre asesinatos de personas defensoras, de las cuales 13 han sido verificadas. En abril, fue asesinada la defensora ambiental Diana Carolina Rodríguez Madrigal en San Cayetano, Norte de Santander y el defensor indígena José Isaías Quiguanás en Corinto, Cauca. En marzo, fue asesinado el defensor indígena Marlon Hernando García Pascal en Tumaco, Nariño, el líder indígena Wilson Bomba Piamba en Caldono, Cauca, el defensor comunitario afrodescendiente Néstor Yesid Martínez Pinto en Riohacha, La Guajira, el defensor afrodescendiente Weimar Possu Diaz en Puerto Tejada, Cauca, el líder indígena Raúl Antonio Nastacuas en Ricaurte, Nariño y la lideresa comunitaria Mariela Marínez Gaviria en Tumaco, Nariño. En febrero fue asesinado el líder comunitario José Antonio Santiago Pérez en Tibú, Norte de Santander y el líder campesino Jorge Orlando Cárdenas Fajardo en Cantagallo, Bolívar. En enero fue asesinado el líder comunitario Cristian David Salinas Chocué en Ginebra, Valle de Cauca, el líder indígena Jaime Álvarez Romero en Puerto Leguízamo, Putumayo y la lideresa campesina Edilsan Andrade Avirama en Rosas, Cauca.
El Estado colombiano reiteró su compromiso con el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos, es un gobierno de derechos y brindar todas las garantías para el ejercicio de la valiosa labor de los defensores de derechos humanos. Destacó que entre enero y mayo de 2023, la Fiscalía General de la Nación ha avanzado el esclarecimiento en el 44.17% de los homicidios que se investigan en jurisdicción ordinaria, incluyendo 16 casos con sentencia condenatoria, 51 casos en juicio, 41 casos con imputación de cargos, 65 casos en indagación con orden de captura y 7 casos precluidos por muerte del indiciado. Señaló que la Unidad Nacional de Protección, protege y garantiza la seguridad de 3.745 líderes sociales y defensores de derechos humanos de manera individual y estaría desplegando una serie de actividades encaminadas a proteger y garantizar la seguridad de 220 colectividades.
En Honduras, OACNUDH registró el asesinato de al menos seis personas defensoras en los primeros cuatro meses del 2023. En abril, fue asesinado el líder campesino José Gilberto Martínez Cardona Olanchito, Yoro. En febrero la CIDH expresó su preocupación por el asesinato del defensor campesino Santos Hipólito Rivas y su hijo en Trujillo, Colón y el defensor de la tierra Benigno Maldonado en Tela, Atlántida, así como por los asesinatos del defensor de la tierra José Omar Cruz Tomé en Tocoa, Colón y los defensores del medio ambiente y el territorio Aly Domínguez y Jairo Bonilla, en el municipio de Tocoa, Colón ocurridos en enero. El Estado hondureño reiteró a la CIDH su compromiso y responsabilidad en la protección de los defensores de derechos humanos, así como en la promoción de un ambiente propicio para su labor.
En México, cifras de OACNUDH indican que al menos cuatro personas defensoras fueron asesinadas. En abril, fue asesinado el defensor de la tierra Félix Vicente Cruz, en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca y el defensor del medio ambiente Eustacio Alcalá Díaz, en Chinicuila, Michoacán. En marzo, fue asesinado el defensor LGBTI Gustavo Robles Taboada en Cuautla, Morelos; y en febrero fue asesinado el defensor ambiental Alfredo Cisneros Madrigal en Los Reyes, Michoacán.
Adicionalmente, en abril se tuvo conocimiento sobre la desaparición del defensor indígena Alejandro Ortiz Vázquez en Metlatónoc, Guerrero. En enero, se conoció sobre la desaparición de los defensores Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes en Colima. Sobre estos dos últimos, el Estado informó a la Comisión estar realizando investigaciones y acciones de búsqueda en el último lugar donde fueron vistos y estar llevando a cabo un trabajo coordinado entre instituciones locales y federales para lograr dar con el paradero o establecer la situación en la que se encontrarían Ricardo Lagunes y Antonio Díaz.
En Perú, OACNUDH registró el asesinato de al menos dos personas defensoras. En abril, fue asesinado el defensor del territorio Cristino Melchor Flores, en la ciudad de Piura, Piura, así como el asesinato del defensor indígena asháninka Santiago Contoricón, en la Comunidad Nativa Puerto Ocopa, distrito Río Tambo, Satipo, Junín. El Estado informó que, en relación con el caso de Cristiano Melchor Flores a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUDH) se acordó brindar beneficios económicos a sus familiares, así como asistencia legal. Respecto al caso de Santiago Contoricón, el Estado informó haberse comprometido a brindar asistencia económica a sus familiares, y haber solicitado al Ministerio Público la designación de un médico legista y la creación de una fiscalía contra del crimen organizado en Satipo.
La CIDH urge a los Estados a investigar de forma exhaustiva, seria e imparcial, y a tomar como primera hipótesis la posible vinculación de estos actos de violencia con la labor de defensa. De igual forma, buscar la incorporación de un enfoque diferenciado de género y étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a las y los familiares de todas las víctimas, y dar garantías de no repetición.
Durante este periodo la Comisión también recibió sobre otras formas de violencia en contra de personas defensoras.
En México, la CIDH tuvo conocimiento sobre la desaparición y posterior localización con vida del defensor indígena Wixariti Santos de la Cruz Carrillo ocurrido en enero en Nayarit y el defensor indígena Daniel Gómez Sántiz ocurrido en Febrero en Chiapas.
Adicionalmente, se recibió información sobre el uso por parte del Estado del malware Pegasus, como método para espiar a personas defensoras y organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos, entre ellas al defensor Raymundo Ramos y a dos integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Al respecto, la CIDH ha señalado que, cualquier acción intrusiva de los dispositivos de comunicación debe ser respaldada por un marco legal y transparente que esté acorde con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, garantizando los principios de necesidad, proporcionalidad, y un objetivo que sea legítimo y conforme a dichas normas.
Por otra parte, la CIDH expresó su preocupación por la aprobación del primer debate del proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, en Venezuela, la cual además de acotar las actividades que pueden ser desarrolladas por las organizaciones, otorga a las autoridades del Estado la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, en su criterio, de actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.
Durante este periodo, la CIDH también recibió información sobre discursos estigmatizantes que buscan desacreditar la labor de defensa de derechos humanos en países como El Salvador, Guatemala y Perú, que provienen desde las más altas autoridades de los Estados, en los que se les acusa de “terroristas” o “delincuentes internacionales”, entre otros. El Estado de El Salvador como Guatemala, reconocieron la importancia de la labor realizada por las personas defensoras en el fortalecimiento y la consolidación de las democracias. El Estado de Perú señaló que no discrimina ni estigmatiza ciudadanos, así como tampoco emplea términos como “terruco” para dirigirse a las personas.
La Comisión recuerda que, la descalificación de las labores realizadas por personas defensoras de derechos humanos a través de pronunciamientos públicos por parte de personas funcionarias del Estado, genera una estigmatización, y a la vez, puede generar un clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población que dificulte el ejercicio legítimo de su libertad de asociación.
Las personas defensoras de derechos humanos cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento y la consolidación de las democracias. A su vez, la labor realizada quienes defienden el medio ambiente es esencial para garantizar el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible de los países de la región.
Es imperante que los Estados de la región adopten las medidas necesarias para prevenir que la violencia contra personas defensoras continúe. Para ello, es indispensable que implementen una política integral de protección que parta del reconocimiento sobre la importancia que la labor de defensa representa para la consolidación de las democracias y del Estado de derecho. Es urgente que los Estados desarrollen medidas positivas que fomenten una cultura de derechos y un ambiente libre de violencia y amenazas y las proteja cuando se encuentren en una situación de riesgo; e investiguen pronta y efectivamente los actos de violencia en contra de ellas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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