Resumiendo los DDHH en Perú

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Resumen de informes sobre la situación de Derechos Humanos en Perú

Posición de WOLA:

El 3 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe, “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”, donde concluye que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en el Perú en el marco de las protestas sociales ocurridas entre el 7 diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023.

El informe recomienda una serie de medidas, entre ellas investigar, procesar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Asimismo, la CIDH ha ofrecido su asistencia para la creación de un un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el Perú (GIEI-Perú) para coadyuvar a los órganos competentes a nivel interno en la investigación diligente de estos hechos, y en la determinación y persecución de los responsables, así como en la reparación integral de las víctimas.

Como organizaciones internacionales con amplia experiencia de trabajo en defender y promover los derechos humanos en el Perú, consideramos indispensable la conformación de un GIEI-Peru, e instamos al gobierno de Dina Boluarte a tomarse con seriedad esta propuesta realizada por la CIDH.

Los Grupos Internacionales de Expertos Independientes buscan brindar apoyo técnico experto e independiente a las instituciones nacionales a cargo de la investigación de situaciones graves y excepcionales que han generado graves violaciones a los derechos humanos, y que por su complejidad, requieren de un acompañamiento especializado que no solo coadyuve a la determinación de la verdad y garantice el derecho a la justicia de las víctimas, sino que además apoye en la identificación de problemas estructurales que podrían obstaculizar estos objetivos, Su creación para el Perú requerirá de un acuerdo entre el Estado peruano y la CIDH.

“Como manifestamos en la carta que enviamos a la Presidencia del Perú y como ha sido solicitado por otras organizaciones internacionales que monitorean la situación en ese país, consideramos que la magnitud, complejidad y gravedad de las violaciones de derechos humanos producidas en el marco de la crisis democrática en Perú, requiere de un mecanismo de esta naturaleza”, señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

“Las deficiencias que han sido documentadas recientemente en las investigaciones de los abusos de derechos humanos respecto del tratamiento de evidencia clave, la eliminación de las fiscalías de derechos humanos, y la reciente creación de un Grupo Especial por parte del Ministerio Público para centralizar la investigación de estos casos en Lima, con el rechazo explícito de las víctimas y de la comunidad nacional de derechos humanos, son razones suficientes para la creación de un GIEI-Perú”, señala Jo-Marie Burt, Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Un mecanismo de esta naturaleza tiene como objetivo acompañar a los fiscales de derechos humanos a cargo de estos casos, y brindar una mayor confianza ciudadana en la imparcialidad y exhaustividad de sus resultados”.

Un GIEI-Perú puede impulsar y fortalecer el trabajo de las instituciones nacionales al igual que puede coadyuvar a que las fiscalías presenten casos sólidos que brinden justicia pronta a las víctimas. Angelita Baeyens, Vicepresidenta de Incidencia y Litigio Internacional de RFK Human Rights, indica que “el establecimiento oportuno de un GIEI puede también evitar que violaciones similares ocurran en el futuro y de esta manera lograr restaurar el espacio cívico y democrático que requiere el país”.

Según, Katya Salazar, Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), “en otros casos en la región, los GIEI han apoyado a los Estados a esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en contextos de protestas sociales, similares a las ocurridas en el Perú”. Agrega, “Por ejemplo, el GIEI-Nicaragua fue creado para apoyar en la investigación de las violaciones a derechos humanos ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. Su asesoramiento fue fundamental para reconstruir los momentos clave en dichas protestas”.

Como organizaciones internacionales comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos en el Perú, reiteramos nuestra disposición de colaborar con el Estado peruano y la CIDH en la consecución de este mecanismo internacional de apoyo. Esperamos que pueda encaminarse una respuesta acorde con los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el país.

Informe de la CIDH:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el informe Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales, a través del cual aborda el contexto de la crisis de institucionalidad democrática y social, observada por la CIDH en la visita de trabajo del 11 al 13 de enero de 2023.

El informe se circunscribe a los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, sobre los que contiene una relación pormenorizada en orden cronológico. Para su elaboración, se trabajó con entrevistas e información recibida en terreno e información complementaria posterior a la visita, en su mayoría de fuentes oficiales.

En su análisis, la CIDH observó que las protestas que iniciaron el 7 de diciembre de 2022 tienen demandas políticas explícitas y coyunturales. No obstante, en su base existen exigencias de comunidades campesinas y pueblos indígenas que deben ser atendidas por el Estado. Entre ellas se encuentran el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación, mayor representación política, consulta previa sobre proyectos extractivos y la distribución equitativa de la riqueza que éstos generen.

Uno de los hallazgos es que existe un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, al igual que una fuerte tensión entre Lima y otras regiones donde predomina la población indígena y campesina. Aunado a ello, las confrontaciones entre los poderes públicos y las sucesivas crisis políticas vividas en el país desde el 2016 han profundizado la polarización social y la desconfianza en las instituciones.

En las protestas que tuvieron lugar desde el 7 de diciembre de 2022, se registraron situaciones de violencia no protegidas por el derecho a la protesta. Sin embargo, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que se registraron graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como por la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad.

En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, la Comisión concluye en su informe que las muertes ocurridas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre.

En el caso de Juliaca, la CIDH concluye que se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas. Todo esto en el marco de una compleja situación violenta, que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos, como avellanas.

En sus conclusiones, la Comisión señala, además, que la superación de la crisis en el Perú requiere de un diálogo amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad sean representados. Igualmente, formula recomendaciones en materia de diálogo y superación de la crisis; seguridad ciudadana; reparación y atención a víctimas de violaciones de derechos humanos; lucha contra la impunidad; institucionalidad democrática; y libertad de expresión, reunión y asociación.

La CIDH agradece al Estado por su apertura al escrutinio internacional; en particular, por toda la información aportada antes, durante y con posterioridad a la visita; a las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales; y a las víctimas y familiares.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mandato se deriva de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano asesor de la OEA en la materia. La CIDH está formada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.

Documento: Informe CIDH Perú

Informe de Amnistía Internacional:

Desde el 7 de diciembre de 2022, Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas. Miles de personas salieron a protestar a las calles. Sin embargo, las autoridades respondieron con uso de la fuerza letal y uso excesivo de fuerza menos letal con el objetivo de silenciar y castigar a quienes se manifestaban. Este informe analiza el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y militares peruanos en respuesta a las protestas, lo que resultó en graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional y pide al Estado peruano que garantice la rendición de cuentas a los posibles responsables.

Documento; Informe Perú Amnistía Internacional

Pronunciamiento de la ONU sobre afectación a niños, niñas y adolescentes en Perú:

El Comité de Derechos del Niño de la ONU expresa su profunda preocupación por la información recibida acerca de los acontecimientos acaecidos como consecuencia de la crisis institucional en el país y que afectan también a niños, niñas y adolescentes, en especial:

  • El fallecimiento de adolescentes durante las manifestaciones y las lesiones oculares provocadas a una niña como consecuencia del uso de fuerza.
  • Las detenciones arbitrarias de adolescentes que participaban en las protestas y reportes sobre la ausencia de asistencia legal para ellos.
  • Los testimonios de que durante las protestas la respuesta policial se dirigió directamente hacia los hogares donde niños y niñas se encontraban resguardados.
  • Los bloqueos y actos de violencia en las carreteras, que han provocado interrupciones en el transporte interprovincial. Tal situación estaría afectando a un número no determinado de menores de edad, exponiéndoles a la posibilidad de que no puedan acceder a ciertos derechos económicos y sociales, incluyendo alimentación, salud y educación.
  • La suspensión de clases presenciales en colegios de Ica, Cusco, Lima, La Libertad, Arequipa y Apurímac, y el riesgo de que los servicios de salud se suspendan, dejando sin acceso a niños y niñas.

El Comité exhorta al Estado a:

  1. Respetar y garantizar los derechos de expresión y asociación de aquellos niños, niñas y adolescentes que participan en las movilizaciones, ya sea solos o acompañados.
  2. Asegurar que cualquier uso de la fuerza cumpla con los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, en particular, en manifestaciones pacíficas donde entre los participantes haya niños.
  3. Llevar adelante una investigación exhaustiva, rápida e independiente sobre la muerte de los dos adolescentes y de aquellos que han resultado heridos.
  4. Asegurar que no se interrumpa el servicio educativo, salvo en zonas de alta conflictividad donde haya un riesgo real a la integridad de los y las estudiantes, y se busquen formas de darle continuidad, como por ejemplo mediante la virtualidad.
  5. Garantizar la atención básica de los servicios de salud a niños, niñas y adolescentes, en especial en intervenciones de emergencia y a aquellos que tenían consultas o intervenciones ya programadas.
  6. Facilitar atención humanitaria con celeridad, priorizando a quienes que se encuentran inmovilizados en las rutas como consecuencia de los bloqueos.
  7. Fortalecer el mecanismo de denuncia para los niños y niñas que hayan sufrido cualquier forma de violencia, uso excesivo de la fuerza o detención arbitraria durante las manifestaciones públicas
  8. Investigar los hechos buscando determinar responsabilidades y sanciones a las y los funcionarios involucrados en actos violatorios de los derechos de la niñez.

El Comité seguirá de cerca la situación y hace un llamamiento al Estado a detener la violencia, convocar rápidamente al dialogo y, así protegiendo a los derechos de los niños/as y adolescentes en todas las circunstancias.

(ONU: https://www.ohchr.org/es/statements/2022/12/peru-el-comite-de-la-onu-insta-garantizar-el-derecho-de-expresion-de-ninos-ninas)

Resumen de hechos en un medio internacional (Diario El País):

El 15 de diciembre de 2022, en la sierra sur de Ayacucho, un adolescente de 15 años salió de su casa a trabajar en el cementerio, al costado del aeropuerto de la ciudad. Al término de la jornada se fue a comer con un amigo. Un impacto de bala le perforó la espalda y no llegó con vida al hospital. Ese mismo día, Edgar Prado, un mecánico de 51 años, recibió una ráfaga mientras ayudaba a unos manifestantes al frente de su casa. Jhon Mendoza Huarancca, de 34 años, también fue impactado por una bala cuando se dirigía a casa de uno de sus socios con los que había montado una empresa de transportes. Ninguno participó activamente de las marchas. Estos relatos forman parte de un informe que acaba de presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca de la crisis política y social que padeció Perú en los últimos meses. “Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, sostiene.

El documento comprende los hechos sucedidos entre el 7 de diciembre —cuando Pedro Castillo rompió el orden constitucional fugazmente al intentar disolver el Parlamento y tomar el Poder Judicial y el Ministerio Público— y el 23 de enero, y se sostienen en dos visitas de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A lo largo de sus nueve capítulos, el informe realiza un repaso por los antecedentes históricos del conflicto como la desigualdad y la desconexión entre Lima y las regiones, pone en contexto que desde el 2016 el Perú “atraviesa una crisis institucional que ha debilitado la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y ha obstaculizado la gobernabilidad del país”, realiza una cronología minuciosa de los ataques de las fuerzas del orden hacia los manifestantes y de la quema de instituciones de parte de los civiles, deja en evidencia presuntas violaciones de derechos humanos y, finalmente, establece conclusiones y recomendaciones en busca de la justicia y la paz social.

“En las recientes protestas sociales se ha observado una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades, perpetuando la noción de que las personas campesinas e indígenas que protestan tienen vínculos con actos de terrorismo y que incluyen la utilización de palabras como terroristas, terrucos, senderistas o indios”, dice el texto que lleva por nombre Informe sobre la situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales. Esta estigmatización, señalan, “crea un ambiente de permisividad y tolerancia de la violencia institucional y discriminación hacia las comunidades campesinas y pueblos indígenas originarios del Perú”.

La Comisión del CIDH sostuvo más de 60 reuniones con víctimas y sus familiares, altas autoridades de los poderes públicos, así como organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y gremios sindicales y empresariales en seis ciudades: Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco. Producto ello, han podido establecer que un gran grupo de la población tiene demandas políticas explícitas como el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. Que en sus demandas hay justas reivindicaciones como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y mayor representación política. “La vacancia presidencial fue interpretada por algunos sectores como un acto injusto en contra del expresidente Castillo, a quien, desde su perspectiva, no dejaron gobernar (…) el gobierno actual no representa el proyecto político que ganó en las urnas en 2021; y la sucesión presidencial de Dina Boluarte fue recibida como una traición”, dicen en alusión a una declaración pública en la Plaza de Armas de Juliaca, en el 2021, cuando la entonces vicepresidenta dijo: “si al presidente lo vacan, yo me voy con él”.

En el marco temporal del documento, 56 personas perdieron la vida, ocho de ellos adolescentes y un agente policial; y al menos 912 resultaron heridos. Pero lo cierto es que la Defensoría del Pueblo contabiliza 67 fallecidos (49 en enfrentamientos, once civiles por el bloqueo de carreteras y siete miembros de las fuerzas del orden en el contexto del conflicto), y 1.785 heridos entre civiles, policías y militares. “Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. La Comisión expresa su firme condena”, remarcan.

En una de las conclusiones principales se señala que “la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta”. Asimismo, dicen, el Gobierno de Dina Boluarte no ha entregado ningún medio probatorio que confirme su hipótesis de una supuesta infiltración en las protestas de grupos organizados al margen de la ley con el único fin de desestabilizarlos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, finalmente, le recomienda al Estado peruano implementar una “estrategia de diálogo con enfoque étnico y territorial; el diseño de una política pública con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos; un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad con el propósito de que su actuación priorice la defensa de la vida y la integridad de las personas; tomar las medidas normativas necesarias para que las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales; y que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las autoridades civiles”.  (Periodista: Renzo Gómez Vega, fuente: https://elpais.com/internacional/2023-05-03/la-cidh-sobre-las-protestas-en-peru-podrian-calificarse-como-una-masacre.html)

Ultimo informe sobre las protestas por parte de Defensoría del Pueblo:

Reporte-Diario-7-de-junio-17.30-h. (1)

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