El crecimiento de la minería es patente en el país desde la época de la Colonia. Estamos restringidos a ser exportadores de materias primas de diversos minerales a costa de la salud de la población. Los estándares ambientales no se respetan, menos la soberanía, tan dejada a menos por los intereses de grupos empresariales, y familiares, adictos a las sobre ganancias con responsabilidades empresariales tan restringidas como poco fiscalizadas con un Estado reducido a su mínima expresión.
Así es que, las comunidades indígenas en zonas como el Cenepa, están generando sus propios medios para subsistir-resistir, a la minería ilegal de oro. La acción del Estado es focalizada hasta la fecha. Paz y Esperanza, organismo de Derechos Humanos, ha indicado repetidamente el crecimiento desmesurado de la minería ilegal de oro junto a la Trata de personas, contaminación de aguas, desbosque, entre otros, que está aconteciendo en el departamento de Amazonas a una velocidad impresionante, por lo que ya algunos medios han empezado a nombrar a Amazonas como “la segunda Madre de Dios”, en alusión al desastre ambiental que viene ocurriendo en la amazonia sur del Perú.
Por su parte, la organización indígena ODECOFROC, sigue dando lucha al problema poniendo en riesgo la vida de sus dirigentes y pobladores. El Estado aparece y desaparece cada vez que la federación presiona pero, no resuelve. La misma federación ha denunciado que autoridades del Estado, tanto de la policía como militares y autoridades locales y del sector justicia, juegan en pared junto con quienes vienen impulsando la minería ilegal. Literalmente están poniendo en pie de guerra a indígenas contra indígenas y migrantes. Están comprando conciencias y voluntades y generando una guerra que posiblemente no tenga cuándo terminar.
La interdicción indígena se está volviendo una forma de respuesta a la inacción del Estado pero, también genera un alto riesgo a la dirigencia y población en general de las comunidades indígenas.
El día de hoy 25 de octubre, las comunidades organizadas alrededor de ODECOFROC, han cerrado el río, para evitar el avance de más embarcaciones ligadas a la minería ilegal y de las propias barcazas dedicas al dragado y contaminación diaria del río.
Va pasando el tiempo, el mes pasado el medio alternativo ambiental Mongabay publicaba un testimonio muy gráfico respecto del tema en la voz de un poblador indígena de Amazonas:
“En mi comunidad hay 15 dragas que los mineros ilegales operan día y noche. El río Cenepa es pequeño y cuando esas máquinas se juntan, ya no podemos entrar al pueblo con nuestros botes y chalupas. Vivimos contaminados de mercurio y combustible, pero nadie puede hacer nada”.
El testimonio intermitente y angustioso corresponde a Felicio, un profesor de la comunidad nativa de Tuutin, en la región Amazonas, selva del Perú, que prefiere no revelar su verdadero nombre por seguridad. Ha esperado que anochezca para conversar, porque ya no sabe bien cuál de sus vecinos labora con los mineros en la extracción de oro y podría delatarlo si lo escucha. Ha esperado también para describir de cerca el movimiento de las maquinarias en la oscuridad, y el bullicio cerca de los bares que surgieron con la llegada de los ilegales. “Hace un mes que este caos ya no tendría que existir”, dice afligido. Pero todo ha empeorado: las dragas siguen llegando a las orillas de la comunidad, los campamentos mineros crecen y Tuutin ha ido quedando al centro de un foco de devastación hasta ahora inexpugnable. (1)
Hace 5 días el Diario el Comercio sacaba una nota similar al respecto, y resaltamos:
Dirigentes awajún han detectado alrededor de 60 dragas para la extracción de oro sobre siete comunidades ubicadas en las orillas del río Cenepa, en Amazonas. Hasta julio había 39 maquinarias. Hasta la fecha, las interdicciones policiales no han sido suficientes para aminorar el riesgo. Mientras tanto, se calcula que 10 hectáreas de bosques ya habrían sido deforestadas por la actividad minera. (2)
Sobre el mismo tema, el diario La República recordaba en Mayo del presente año: Entre los graves problemas sociales y ambientales que conlleva la minería ilegal, está la contaminación por mercurio, que resulta especialmente nociva en contacto con los ríos. Estas actividades en los cuerpos de agua están prohibidas en el Perú desde 2012, a través del Decreto Legislativo N.° 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal. (3)
El problema el totalmente de conocimiento de todas las autoridades, sin embargo, y a pesar de todos los acuerdos, parece que estamos llegando a un punto muerto. Las autoridades no están dispuestas a realizar una acción que cierre definitivamente el problema, son parte juego económico de la informalidad.
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Fuentes:
1. Mongabay LATAM.
2. Diario El Comercio.
3. Diario La República.
Imágenes: ODECOFROC/Paz y Esperanza.
