Los acuerdos políticos son importantes siempre que estos sean vinculantes, lo cual implica que ambas partes se comprometen a cumplir lo establecido y, de manera consensuada, fijan los pasos para lograrlo.
En los últimos años, nuestro Estado ha propuesto políticas públicas diversas en favor de la protección de los Defensores de Derechos Humanos; sin embargo, gran parte de lo planteado no se cimenta en el dialogo y la realidad que enfrentan los ciudadanos afectados.
De los 40 líderes indígenas asesinados en los últimos 11 años, 28 proceden de la amazonia; Asimismo, se han registrado 48 denuncias vigentes respecto a amenazas comprobadas[1]. Del número de asesinatos, el Estado no ha resuelto de forma definitiva ni la sanción efectiva sobre los implicados ni la solución para los miles de personas que salvaguardan los Bosques, ríos y otros espacios de vida en la amazonia, el ande y la costa peruana, poniendo en constante riesgo sus vidas.
A esta situación de desprotección se añade un escenario marcado por el crecimiento de las economías ilícitas que cada vez más convergen con la producción formal, generando sinergias en base a mafias que actúan en diversas instancias de la sociedad y el Estado. A esto se suma el hecho de que desde el Congreso de la Republica se han flexibilizado las normas ambientales, con la modificación de la Ley Forestal y de Fauna, a través de los Proyectos de Ley Nº 649, Nº 894 y Nº 2315 denominada “Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, lo mismo que han implicado la suspensión de la obligatoriedad en relación a la exigencia del respeto de la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes. De este modo, el Congreso ha otorgado carta abierta para que empresas agropecuarias desbosquen todo el país.[2]
Situaciones como estas van a facilitar el aumento una serie de causantes de la pobreza, como de la violencia y la corrupción, generadores del crecimiento del cultivo de la hoja de coca para fines de producción de cocaína. Resaltamos que entre el año 2015 al 2022, la producción de hoja de coca aumentó en 135%[3], ocasionando un enorme impacto social y ambiental.
En la 28ava Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28), que se desarrolló en Dubái, el Estado peruano se comprometió a reforzar las acciones para asegurar la conservación de las áreas naturales protegidas y reafirmó su promesa por la naturaleza y el bienestar para la acción climática.[4] Sin embargo, con el contexto descrito, este compromiso será prácticamente inviable
Como Paz y Esperanza señaló, con el asesinato del líder indígena Quinto Inuma y recalcamos ahora, con el reciente asesinato del líder indígena Benjamín Flores Ríos, se necesita respetar la democracia y los estándares ambientales internacionales para salvaguardar la vida de ciudadanos sean indígenas, mestizos o migrantes. [5]
Como se advirtió en su momento, “(…) se requiere de una Unidad de Víctimas y Testigos Ambientales, a fin de que desde el Ministerio Público se salvaguarde la vida de los defensores de derechos humanos y también de funcionarios probos, quienes también ponen en riesgo su vida aportando pruebas y testimonios en el cumplimiento cabal de sus funciones.
La propia Policía Nacional requiere de unidades especializadas para atender este tipo de casos, con instrucción adecuada, pero, también con equipamiento y el presupuesto necesario para desarrollar labores de inteligencia y desactivación de grupos organizados para delinquir.
Asimismo, las familias de los deudos requieren un justo reconocimiento y una reparación integral. Como en el caso de Quinto y Benjamín, hay decenas de líderes indígenas asesinados, cuyos familiares han visto postergadas sus posibilidades de educación, desarrollo económico y otras condiciones adecuadas de bienestar. Por ello, es necesario que el Estado reconozca el importante rol de los defensores ambientales, quienes desempañan la importante labor de salvaguardando los bosques y la biodiversidad, que constituyen ejes importantes de nuestro desarrollo integral.
En suma, se necesita democracia participativa, donde se dialoguen y respeten los acuerdos entre Estado y sociedad civil de forma vinculante y responsable.
Con el ruego de su difusión,
Asociación Paz y Esperanza
[1] https://convoca.pe/investigacion/defensa-y-muerte-en-11-anos-asesinaron-39-lideres-ambientales-peruanos-y-decenas Se suma 1 víctima más el día domingo 17 de diciembre, el asesinato del líder Benjamín Flores Ríos de Ucayali.
[2] https://www.servindi.org/actualidad-noticias/14/12/2023/congreso-cambia-ley-forestal-y-favorece-deforestacion
[3] https://apnews.com/world-news/general-news-3eb583d4b272abd2a476c6cdf423bd23
[4] https://www.elperuano.pe/noticia/231057-cop-28-peru-impulsa-promesa-por-la-naturaleza-y-el-bienestar-para-la-accion-climatica
[5] https://nuestrosderechos.pe/condenamos-el-asesinato-del-defensor-de-derechos-humanos-del-pueblo-kishwa-de-san-martin-quinto-inuma/
Foto: Diario La República
