Paz y Esperanza, como miembro del movimiento de Derechos Humanos, expresa sus condolencias a la familia del defensor de derechos humanos del pueblo Kishwa, Quinto Inuma Alvarado, quien el día de ayer, Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, fue asesinado, luego de más de 8 años de reclamar protección y apoyo al Estado en favor de la defensa de su comunidad y sus bosques.
Este asesinato, ocurrido a pocos minutos de su comunidad, en la localidad de Huimbayoc, provincia y región de San Martín, marca nuevamente la alerta de la necesidad de una urgente reforma del sistema de protección a los y las Defensoras de Derechos Humanos.
Apremian muchas reformas y mayor celeridad y efectividad en las autoridades, como han demandado las federaciones Indígenas como la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (CODEPISAM) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que han seguido este y otros casos por años. En este mismo momento hay cientos de familias y dirigentes amenazados, desplazados y perseguidos por mafias en toda la Amazonia, apoyadas por autoridades a todo nivel, razón por la cual se retrasan los procesos y se viene generando el archivamiento de las propuestas técnicas trabajadas y entregadas a las autoridades por el movimiento indígena.
En este contexto, se requiere de una Unidad de Víctimas y Testigos Ambientales, a fin de que desde el Ministerio Público se salvaguarde la vida de los defensores de derechos humanos y también de funcionarios probos, quienes también ponen en riesgo su vida aportando pruebas y testimonios en el cumplimiento cabal de sus funciones.
La propia Policía Nacional requiere de unidades especializadas para atender este tipo de casos, con instrucción adecuada, pero, también con equipamiento y el presupuesto necesario para desarrollar labores de inteligencia y desactivación de grupos delincuenciales como los que han asesinado a Quinto Inuma.
Asimismo, las familias de los deudos requieren un justo reconocimiento y una reparación integral. Como en el caso de Quinto, hay decenas de líderes indígenas asesinados, cuyos familiares han visto postergadas sus posibilidades de educación, desarrollo económico y otras condiciones adecuadas de bienestar. Por ello, es necesario que el Estado reconozca el importante rol personas como Quinto desempañan en sus pueblos, salvaguardando los bosques y la biodiversidad, que constituyen ejes importantes de nuestro desarrollo integral.
Finalmente, hacemos un llamado a las autoridades y ciudadanía a defender la democracia y el Estado de derecho, el fortalecimiento de las instituciones, poniendo fin el accionar de estas mafias que ponen en peligro la vida y violentan los derechos de defensores ambientales como el caso de nuestro hermano Quinto Inuma.
¡Justicia para los defensores de Derechos Humanos, justicia para Quinto y su familia!
Perú, 30 de noviembre del 2023.
