Perú es el noveno país del mundo con mayores ataques a defensores ambientales, el año 2020 se asesinaron a más de 220 defensores ambientales en América Latina y decenas de ellos y ellas se encuentran amenazados.
Sin territorios seguros no hay seguridad completa para los pueblos indígenas que viven día a día la invasión por el narcotráfico, la tala ilegal y el acaparamiento de tierras para diversos monocultivos. Igualmente, sin un marco legal más efectivo, sin la inversión debida y sin autoridades responsables en la ejecución de los mismos, nuestro país seguirá lamentando la muerte de hermanos defensores como Lucio Pascual Yumanga, asesinado el domingo 5 de diciembre en Ucayali.
Los Protocolos para la protección de Defensores Ambientales necesitan personal capacitado y presupuesto para funcionar adecuadamente. Al mismo tiempo, nuestro marco legal debe adecuarse, nuestra autoridades en el Congreso y demás entes del Estado, tienen el deber moral de aprobar el Acuerdo Escazú, cumplir la titulación integral de los territorios indígenas, fiscalizar y sancionar a los funcionarios corruptos que lucran formalizando el tráfico de tierras a través del cambio de tipo de uso de suelo.
Los miembros del Grupo de Trabajo con Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas defensoras, ¡basta ya de impunidad y olvido, exigimos justicia!
Grupo de trabajo con PPII de la CNDDHH, 06 de diciembre 2021.
Foto: RPP.
