El reciente anuncio del primer ministro británico, Keir Starmer, de restringir el acceso de menores de 16 años a las principales redes sociales ha reavivado un debate que ya se encuentra instalado en diversas partes del mundo. Reino Unido se suma así a Australia —pionera en este tipo de medidas— y a otros países que vienen impulsando regulaciones para proteger a niñas, niños y adolescentes (NNA) de los riesgos asociados al uso intensivo de plataformas digitales.[1]
Algunos lo llamarán restricción. Yo prefiero verlo como un intento —quizá tardío, quizá imperfecto— de poner orden frente a una realidad que está afectando la salud mental, las relaciones humanas y las dinámicas familiares. Aunque también es válido preguntarse si no estamos asistiendo a una respuesta paternalista de los Estados ante fenómenos que revelan, por un lado, la enorme capacidad de influencia del mercado tecnológico y, por otro, nuestras dificultades como sociedad para autorregularnos.
¿Es correcto o no? La respuesta exige algo más que opiniones rápidas. Requiere leer, analizar y contrastar la evidencia de cada contexto. Solo entonces podremos determinar si los argumentos que sustentan estas decisiones son proporcionales a una problemática que algunos expertos ya describen como una verdadera “epidemia” de hiperconectividad e infodemia.
Si me preguntan si estoy de acuerdo, diría que sí… y no. Mitad y mitad.
Soy adulta y madre. También estoy atrapada, en cierta medida, por las redes sociales, igual que la mayoría de personas que conozco. Lucho contra ello todos los días. No me considero un mal ejemplo; por el contrario, procuro ser consciente del problema y conversarlo con otros padres y madres vinculados a los proyectos que acompaño. Por eso creo que la clave no está en condenar ni etiquetar, sino en desarrollar estrategias colectivas para desintoxicarnos de una dependencia que muchas veces normalizamos.
Es cierto que, en más de una ocasión, hemos delegado en el celular —como antes se hizo con la televisión— funciones que van desde el entretenimiento hasta el cuidado temporal de nuestros hijos. También es cierto que utilizamos las pantallas como mecanismo de evasión o como un respiro ante el agotamiento cotidiano. La pregunta, entonces, no es si esto ocurre, sino qué hacemos frente a ello desde nuestra propia experiencia.
Por supuesto, cualquier regulación debería venir acompañada de estrategias de prevención y mitigación. De lo contrario, existe el riesgo de incentivar accesos clandestinos o desplazamientos hacia espacios digitales menos seguros, donde podrían incrementarse amenazas como la pornografía, el ciberacoso, la captación por redes de trata o la explotación digital de menores.
La experiencia internacional ofrece algunos indicios interesantes. En los Países Bajos, por ejemplo, la prohibición del uso de teléfonos móviles en las escuelas se implementó mediante un acuerdo nacional entre autoridades educativas, docentes y familias, evitando un largo proceso legislativo. Dos años después, docentes entrevistados por la BBC reportaron una mejora en la concentración de los estudiantes y “menos fricciones en la gestión de las aulas”.[2]
También hay quienes advierten un potencial riesgo de censura o limitación de libertades. Sin embargo, hasta ahora, las medidas adoptadas se han enfocado principalmente en restricciones de acceso por edad y no en la limitación del derecho a la opinión o a la libre expresión. Pensar que la participación ciudadana depende exclusivamente de las redes sociales sería una derrota cultural en sí misma. La protesta, la organización y la deliberación democrática existieron mucho antes que Facebook, TikTok o X.
Más bien, quizás ha llegado el momento de recuperar otros espacios de encuentro: las calles, los parques, los centros culturales, las bibliotecas, el deporte, el arte y las conversaciones cara a cara. Espacios donde la ciudadanía se construye desde la experiencia compartida y no únicamente desde algoritmos diseñados para captar nuestra atención.
Porque el problema no son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en sí mismas. Las TIC no son el “cuco”. Han democratizado conocimientos, acercado territorios y creado oportunidades. Sin embargo, en muchos contextos se nos han ido de las manos.
Tal vez esta discusión también refleja una preocupación ética más profunda que comienza a ganar espacio en distintos ámbitos. Pienso, por ejemplo, en las advertencias realizadas recientemente desde espacios eclesiales sobre los efectos culturales del paradigma tecnocrático. Como recoge la revista Signos del Instituto Bartolomé de las Casas, al citar la encíclica Magnífica Humanidad:
“El riesgo no es sólo que algunas tecnologías se usen mal, sino que el paradigma tecnocrático en el que estamos inmersos, potenciado por la revolución digital y la IA, haga parecer justa y normal una visión antihumana, según la cual la plenitud de la vida consistiría en tener más, reducir la fragilidad, eliminar lo imprevisto y controlarlo todo” (MH, 112).[3]
Quizás de lo que se trata es de reaprender a dialogar como sociedades; de construir acuerdos desde la ética, la empatía y la búsqueda del bien común, sin caer en el odio ni en la revancha.
¿Y qué ocurre en el Perú?
Nuestro país presenta síntomas similares, aunque con matices marcados por la geografía, el género, la edad y las condiciones económicas. Según cifras oficiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en Perú, el uso de internet entre las mujeres alcanzó el 80,8 % en 2025, reduciendo la brecha digital de género a su nivel más bajo registrado.[4]
Sin embargo, el acceso no significa necesariamente capacidades de uso. Un análisis de COMEX Perú, publicado en marzo de 2026, recogía una advertencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): el manejo de entornos digitales sigue siendo una de las principales brechas formativas del país, al punto que el 66 % de docentes peruanos manifiesta necesitar capacitación en estas herramientas.[5]
Estos datos sugieren que el desafío no consiste únicamente en controlar el acceso a la tecnología, sino en fortalecer competencias digitales, pensamiento crítico, ciudadanía digital y acompañamiento familiar. Son dimensiones que también están recogidas en instrumentos de planificación educativa como el Proyecto Educativo Nacional al 2036 y diversos planes educativos regionales.
Por ello, cualquier estrategia orientada a proteger a niñas, niños y adolescentes debe incluir acciones preventivas en salud mental, alfabetización digital, fortalecimiento familiar y educación emocional. Porque el problema no afecta solo a los más jóvenes. También atraviesa la vida de los adultos.
Quisiera terminar recordando una frase de la serie Adolescencia de Netflix, que me impactó profundamente:
“Creímos que estaba seguro en su cuarto frente a su computadora (…). Debimos haber hecho más”.
Tal vez allí reside la pregunta más incómoda y más urgente de nuestro tiempo.
No qué deben hacer las plataformas.
No qué debe hacer el Estado.
Sino qué estamos dispuestos a hacer como ciudadanía.
Ana Reyes Otiniano
Paz y Esperanza – Perú
Referencias:
- https://elpais.com/sociedad/2026-06-15/el-reino-unido-anuncia-la-prohibicion-de-las-redes-sociales-para-menores-de-16-anos.html
- https://www.bbc.com/mundo/articles/ckgwy1kzpgpo
- https://bcasas.org.pe/wp-content/uploads/Signos-06-2026.pdf
- https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1359036-uso-de-internet-en-mujeres-alcanza-80-8-en-2025-y-brecha-de-genero-se-reduce-a-su-nivel-mas-bajo
- https://www.comexperu.org.pe/articulo/brechas-de-conectividad-en-la-educacion-peruana
