Perú: Conflictos, contaminación y salud en una crisis ambiental silenciosa

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A 17 años del denominado ‘Baguazo’, ocurrido el 5 de junio de 2009, el Perú sigue enfrentando profundas tensiones entre desarrollo económico, derechos territoriales y protección ambiental. Lo que en su momento fue un conflicto por decretos legislativos vinculados al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hoy refleja un problema estructural mucho más amplio: la gestión de la tierra, los recursos y la vida misma.
En aquel enfrentamiento en Bagua, en la región Amazonas, decenas de personas —entre policías, civiles e indígenas— resultaron muertas o heridas. Años después, persiste una sensación de impunidad y una deuda en la implementación efectiva de derechos como la consulta previa¹.
El problema no es solo histórico. En la actualidad, la concentración de la tierra continúa siendo uno de los principales factores de desigualdad. En América Latina —y particularmente en el Perú— el 10% de los propietarios controla hasta el 75% de la tierra agrícola, mientras que el 50% más pobre accede a menos del 2%².
Esta estructura desigual se agrava por la expansión de actividades extractivas y agroindustriales. Según datos recientes, entre 2001 y 2025 el Perú perdió más de 4.6 millones de hectáreas de cobertura forestal, impulsado en gran medida por la demanda global de materias primas y la expansión agrícola³.

Uno de los factores más críticos detrás de esta degradación es la minería ilegal. Considerada el principal delito ambiental del país, ha arrasado más de 100 mil hectáreas de bosques y vertido más de 3,000 toneladas de mercurio en ríos amazónicos en las últimas dos décadas⁴.

El impacto no termina ahí. La calidad del agua es otro indicador alarmante: aproximadamente el 75% de las cuencas hidrográficas del Perú no cumple con los estándares de calidad ambiental establecidos⁵. Esta situación afecta directamente a millones de personas que dependen de estas fuentes para consumo y producción.
A ello se suma el uso intensivo y poco regulado de agroquímicos. Estudios recientes revelan que el 47% de los alimentos analizados en mercados peruanos no son aptos para el consumo debido a residuos de pesticidas, cifra que alcanza el 72% bajo estándares europeos más estrictos⁶.
Las consecuencias en la salud pública son evidentes. El cáncer se ha convertido en la principal causa de muerte en el Perú: solo en 2025 fallecieron más de 40,800 personas por esta enfermedad⁷. Especialistas advierten que la exposición prolongada a contaminantes ambientales es un factor determinante.

Actualmente, más de 10 millones de peruanos —alrededor del 31% de la población— están expuestos a metales pesados como arsénico, plomo y mercurio⁸. Además, estudios indican que cuatro de cada diez ciudadanos presentan contaminantes en su organismo⁹.

Expertos coinciden en que el país enfrenta una crisis socioambiental compleja. La débil gobernanza de la tierra, la falta de control sobre actividades ilegales y un modelo económico centrado en la explotación intensiva de recursos han generado una tormenta perfecta que combina desigualdad, contaminación y enfermedad.
En el Perú, como en varias partes de América Latina y el mundo, necesitamos impulsar una buena gobernanza de la tierra, entendiendo por gobernanza de la tierra lo indicado por la FAO, que expone que esta representa “las normas, procesos y organizaciones mediante las cuales se adoptan las decisiones relativas al uso y el control de la tierra, la forma en que se ejecutan e imponen las decisiones, y la manera en que se gestionan intereses contrapuestos relativos a la tierra. El concepto abarca instituciones estatutarias, consuetudinarias y religiosas.” En esta perspectiva: “una gobernanza débil provoca la degradación del medio ambiente, ya que funcionarios públicos corruptos e intereses privados actúan en connivencia para ignorar los controles sobre el uso de la tierra, la extracción de agua y minerales y el desbroce de bosques”10
Frente a este panorama, el desafío no solo es ambiental, sino también político, ético y social. Fortalecer la regulación, garantizar derechos territoriales y promover un desarrollo sostenible ya no son opciones, sino condiciones urgentes para evitar que esta crisis continúe profundizándose.

Jorge Arboccó.


Referencias

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