Paz y Esperanza impulsa proceso de formación que fortalece la protección de defensores indígenas y ambientales y promueve una respuesta más efectiva de las instituciones públicas.
Moyobamba, 10 de julio de 2026.- La defensa de los territorios, los bosques y los derechos colectivos de los pueblos indígenas requiere instituciones preparadas y capaces de responder de manera oportuna ante cualquier riesgo. Con ese objetivo, 40 representantes de instituciones públicas de la región San Martín fortalecieron sus capacidades para la protección de personas defensoras de derechos humanos, especialmente líderes indígenas y defensores ambientales.
La iniciativa se desarrolló a través del curso “Enfoques integrales para la protección y justicia de personas defensoras en San Martín”, un espacio de formación que buscó mejorar la articulación entre las entidades del Estado y reforzar los mecanismos de prevención, atención y protección frente a amenazas que afectan a quienes defienden sus comunidades, territorios y recursos naturales.
El proceso fue impulsado por Paz y Esperanza, en alianza con la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) y el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT), con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias y la implementación académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).
Durante las sesiones, los participantes profundizaron en los estándares nacionales e internacionales de protección de personas defensoras, los derechos de los pueblos indígenas, los mecanismos vigentes de protección y las estrategias de coordinación institucional necesarias para garantizar respuestas oportunas y efectivas ante situaciones de riesgo.
Uno de los principales aportes del curso fue el intercambio de experiencias entre las instituciones participantes, que permitió identificar desafíos y oportunidades para fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles del Estado. Este esfuerzo resulta clave para asegurar que las y los líderes indígenas que protegen sus territorios y recursos naturales puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad y con pleno respeto de sus derechos.
Asimismo, las y los participantes elaboraron propuestas concretas para mejorar la prevención, el seguimiento y la atención de casos que involucren a personas defensoras, reafirmando la importancia de construir una respuesta estatal articulada y centrada en la protección de quienes cumplen un rol fundamental en la defensa del ambiente y la gobernanza territorial.
Desde Paz y Esperanza destacaron que fortalecer las capacidades de las instituciones públicas es un paso indispensable para garantizar una protección efectiva de las personas defensoras y reconocer el aporte que realizan los pueblos indígenas en la conservación de los territorios y la promoción de los derechos humanos.
Con acciones como esta, Paz y Esperanza reafirma su compromiso de acompañar y fortalecer a los pueblos indígenas y a las personas defensoras de derechos humanos, promoviendo alianzas que contribuyan a la justicia, la protección de los territorios y una vida libre de amenazas para quienes los defienden.
Ruben Ninahuanca
Abogado
Paz y Esperanza
