En su célebre crónica, Felipe Guamán Poma de Ayala resumía los abusos sufridos sobre los pueblos indígenas con una expresión dolorosa y recurrente:“¡Y no hay remedio!”. Más de cuatro siglos después, la frase parece volver a resonar en la Amazonía peruana cada vez que un líder indígena denuncia amenazas, invasiones territoriales, tala ilegal o narcotráfico, solicita protección al Estado y termina siendo asesinado.
La situación obliga a una pregunta incómoda: ¿está funcionando realmente el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Perú?
El caso Inuma: protección en el papel, muerte en la realidad
El asesinato del líder kichwa Quinto Inuma Alvarado, ocurrido en noviembre de 2023, se ha convertido en uno de los ejemplos más dramáticos de las limitaciones del sistema de protección estatal. Inuma denunciaba la tala ilegal, el tráfico de tierras y actividades vinculadas al narcotráfico en el territorio de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín. Además, formaba parte del mecanismo oficial de protección para defensores de derechos humanos. A pesar de ello, fue asesinado.
Diversos análisis posteriores señalaron que las amenazas contra él y otros dirigentes eran conocidas por las autoridades desde años antes, y que las medidas de protección resultaron insuficientes o tardías. Incluso se ha cuestionado que algunos de los lineamientos operativos necesarios para garantizar una respuesta efectiva nunca llegaron a implementarse plenamente.
La paradoja es brutal: el Estado reconoce el riesgo, registra al defensor, emite documentos y resoluciones, pero no logra impedir que las balas lleguen primero.
Saweto: una herida que sigue abierta
Antes de Inuma, el país ya había recibido una advertencia contundente con el caso de Alto Tamaya-Saweto. En septiembre de 2014 fueron asesinados los líderes asháninkas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, quienes denunciaban desde hacía años la presencia de mafias vinculadas a la tala ilegal en su territorio.
Aquellos dirigentes habían alertado reiteradamente sobre amenazas y actos de violencia. Sin embargo, la respuesta estatal fue insuficiente. La justicia tardó más de una década en consolidar condenas contra los responsables, mientras las familias enfrentaban años de impunidad y abandono.
Saweto no fue solamente un crimen contra cuatro personas. Fue un ataque contra el derecho colectivo de un pueblo indígena a defender su territorio, sus bosques y su forma de vida.
El problema de fondo: proteger a la persona sin proteger el territorio
La principal debilidad de las políticas de protección parece estar en que se concentran en la persona amenazada, pero no resuelven las causas estructurales del riesgo.
Cuando un territorio indígena sigue invadido por taladores ilegales, traficantes de tierras o redes vinculadas al narcotráfico, el peligro permanece. El líder puede recibir llamadas de seguimiento, recomendaciones de seguridad o incluso medidas cautelares, pero la amenaza sigue instalada en el lugar donde vive y trabaja.
La protección efectiva requiere mucho más que protocolos. Necesita saneamiento físico-legal de los territorios, vigilancia ambiental, presencia fiscal y policial permanente, lucha contra las economías ilegales y acceso real a la justicia. Mientras esos elementos no existan, el mecanismo seguirá funcionando principalmente como una herramienta de reacción y no de prevención.
De Guamán Poma a la Amazonía actual
Cuando Guamán Poma de Ayala denunciaba los abusos contra los pueblos originarios, buscaba llamar la atención del poder político sobre una situación que consideraba intolerable. Su queja no era solamente por el sufrimiento individual de los indígenas, sino por el riesgo de desaparición de sus comunidades, culturas y formas de vida.
Hoy, aunque el contexto es distinto, el eco de aquella denuncia sigue presente. Cada defensor asesinado representa una pérdida irreparable para su pueblo y un mensaje de intimidación para quienes continúan defendiendo los bosques amazónicos.
La condena de los responsables de los casos Saweto e Inuma constituye un avance importante contra la impunidad. Sin embargo, la verdadera medida del éxito no será cuántos culpables son sentenciados después de los asesinatos, sino cuántos líderes indígenas siguen vivos gracias a una protección efectiva antes de que ocurra la tragedia.
Mientras ello no ocurra, la frase de hace cuatrocientos años seguirá interpelándonos con una dolorosa actualidad: “No hay remedio”. Y si el Estado continúa llegando tarde a los territorios indígenas, el riesgo es que la advertencia final de nuestra historia vuelva a hacerse realidad: “se acaban los indios”, esta, junto a la esperanza de cientos de familias de nuestros pueblos, junto con nuestra amazonia y demás territorios únicos en el mundo, igual que cada vida que se va.
