La reciente entrega al papa Papa León XIV de un informe científico sobre la contaminación por mercurio en la Amazonía constituye mucho más que una alerta ambiental. Es un llamado ético, político y espiritual frente a una tragedia que lleva décadas desarrollándose lejos de los centros de poder, allí donde los bosques, los ríos y los pueblos indígenas continúan pagando el costo de un modelo extractivo que parece no tener límites.
Investigadores de Perú, Bolivia, Colombia y Brasil presentaron al pontífice evidencias de una crisis que combina deforestación, contaminación por mercurio, expansión de la minería ilegal y graves impactos sobre la salud de las poblaciones amazónicas. Solo en el Perú, la minería aurífera ha provocado la pérdida de 139.169 hectáreas de bosque amazónico hasta 2025, mientras que en Loreto se han identificado más de 1.500 dragas operando en los ríos amazónicos desde 2017.
Una Amazonía inmensa y olvidada
La Amazonía peruana ocupa aproximadamente el 60% al 62% del territorio nacional, convirtiendo al Perú en el segundo país con mayor extensión amazónica después de Brasil. Sin embargo, esa enorme región continúa estando entre los territorios más abandonados por el Estado, con brechas históricas en salud, educación, infraestructura, justicia y protección ambiental.
Paradójicamente, la mayor reserva de biodiversidad del país suele ser vista únicamente como una fuente de recursos para extraer: primero el caucho, luego la madera, los hidrocarburos, el oro y ahora múltiples actividades ilegales asociadas a economías criminales. La historia amazónica peruana puede leerse como una larga sucesión de ciclos extractivos donde la riqueza sale y la pobreza permanece.
El mercurio: un veneno silencioso
El mercurio utilizado en la minería aurífera se libera al ambiente durante el proceso de separación del oro. Posteriormente se transforma en metilmercurio, un compuesto altamente tóxico que se acumula en peces, animales y seres humanos a través de la cadena alimentaria. Las poblaciones indígenas y ribereñas son especialmente vulnerables porque dependen del pescado como fuente principal de proteína.
Los científicos que acudieron al Vaticano advirtieron que el mercurio ya no permanece en las zonas de extracción. Viaja por los ríos amazónicos, llega a los peces y finalmente a las personas, afectando especialmente a niños y mujeres gestantes mediante daños neurológicos que pueden ser irreversibles.
La situación en Madre de Dios y Loreto es particularmente preocupante. Diversos estudios citados en los informes entregados al Papa muestran que la contaminación por mercurio ha alcanzado niveles alarmantes en poblaciones indígenas de la Amazonía.
De Santiago Mata Moros a Santiago Mata Indios
La historia colonial española desarrolló la figura de «Santiago Mata Moros», representación simbólica de las guerras religiosas de la península ibérica. En América, aquella imagen fue transformándose en algunos contextos hacia la idea de «Santiago Mata Indios», expresión de una conquista que justificó la subordinación, evangelización forzada y explotación de pueblos originarios.
Hoy nadie cabalga con espada sobre los territorios amazónicos. Sin embargo, la pregunta incómoda sigue vigente: ¿quiénes son los nuevos «mata indios»?
No son necesariamente individuos, sino sistemas. Son las economías ilegales que destruyen ríos y bosques. Son las redes que trafican mercurio. Son los intereses que impulsan la flexibilización de controles ambientales. Son las estructuras estatales incapaces de garantizar derechos fundamentales a quienes habitan la Amazonía.
Cuando comunidades enteras son expuestas a metales pesados, cuando sus territorios son invadidos por dragas, cuando sus líderes son asesinados o amenazados, el resultado sigue siendo parecido al de épocas pasadas: la vida indígena vale menos que la riqueza extraída de sus territorios.
Leyes regresivas y debilitamiento ambiental
En los últimos años, numerosas organizaciones ambientales, académicos y observatorios especializados han advertido sobre iniciativas legislativas que reducen controles, debilitan la fiscalización o generan condiciones favorables para la expansión de la minería ilegal y otras actividades depredadoras. Diversos informes señalan que la minería ilegal se ha expandido a nueve regiones del país y afecta más de 250 ríos y quebradas, en un contexto donde las redes criminales aumentan su influencia.
La preocupación no es únicamente ecológica. Se trata también de gobernabilidad, derechos humanos y democracia.
Los defensores ambientales abandonados
La crisis amazónica tiene rostros y nombres.
Se estima que al menos 29 defensores ambientales fueron asesinados en la Amazonía peruana entre 2010 y 2023, principalmente por conflictos relacionados con minería ilegal, tala ilegal y economías ilícitas. Investigaciones periodísticas y organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra a más de 50 casos en la última década.
Casos emblemáticos como el de Edwin Chota o Quinto Inuma reflejan un patrón repetido: denuncias previas, amenazas conocidas y una respuesta estatal insuficiente.
Incluso informes recientes señalan que cientos de defensores ambientales continúan enfrentando riesgos sin mecanismos efectivos de protección.
¿Quién compra el oro ilegal?
La pregunta final resulta inevitable.
Si existe minería ilegal es porque existe mercado.
El oro extraído ilegalmente no desaparece. Entra a cadenas de comercialización nacionales e internacionales. Diversas investigaciones han documentado históricamente cómo parte del oro ilegal termina mezclándose con producción formal o siendo exportado a mercados internacionales mediante mecanismos de lavado de origen. El atractivo es enorme: solo en 2026 se estima que el oro ilegal podría representar más de la mitad de las exportaciones auríferas peruanas y mover hasta 18.000 millones de dólares.
Del mismo modo, el mercurio sigue llegando a los territorios amazónicos pese a las restricciones legales. Investigaciones recientes identifican rutas de tráfico regional que involucran contrabando desde México y Bolivia hacia Perú, así como graves deficiencias en los sistemas de control y trazabilidad.
Aunque se han realizado incautaciones significativas, como cargamentos de varias toneladas de mercurio en tránsito, los propios especialistas reconocen que estas capturas representan solo una fracción del comercio ilegal que logra cruzar fronteras.
No hay Amazonía sin justicia
La contaminación por mercurio no es únicamente un problema ambiental. Es una expresión contemporánea de desigualdad, racismo estructural y abandono estatal.
Mientras el país celebra el crecimiento económico derivado de la exportación de recursos, millones de hectáreas de bosque amazónico continúan siendo sacrificadas y miles de familias indígenas y ribereñas cargan con las consecuencias en su salud, su alimentación y su futuro.
El llamado realizado al Papa busca colocar esta crisis en el centro de la conciencia mundial. Pero la responsabilidad principal sigue estando en el Estado peruano, en las empresas que compran oro sin suficiente diligencia, en los sistemas financieros que facilitan operaciones opacas y en una sociedad que muchas veces mira hacia otro lado.
Porque la Amazonía no es una periferia del Perú, es más de la mitad del país; y mientras siga siendo tratada como una frontera de sacrificio, la historia de exclusión que comenzó hace siglos continuará escribiéndose, ahora no con espadas ni cruces, sino con mercurio, dragas y silencio complice.
