Caso Quinto Inuma: sentencia histórica debe abrir paso a la reparación integral de la familia y al fortalecimiento de la protección de defensores indígenas y ambientales
Lima, agosto de 2026. La reciente sentencia que condena a los responsables del asesinato del líder indígena Kishwa y defensor ambiental Quinto Inuma Alvarado constituye un importante avance en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y del ambiente en el Perú. El Poder Judicial impuso penas de hasta 35 años de prisión a los responsables del crimen, reconociendo que el asesinato estuvo vinculado a la labor de defensa territorial y ambiental que ejercía el Apu de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín.
Si bien esta decisión representa un paso fundamental hacia la justicia, el caso no puede darse por cerrado. Es indispensable que el Estado garantice una reparación integral, efectiva y oportuna para la familia de Quinto Inuma y su comunidad, quienes han sufrido no solo la pérdida irreparable de un líder y padre de familia, sino también años de amenazas, afectaciones emocionales, económicas y sociales derivadas de la violencia contra quienes defienden los territorios indígenas.
Asimismo, el asesinato de Quinto Inuma evidenció las graves limitaciones de los mecanismos estatales de protección. Pese a que el líder indígena había denunciado reiteradamente amenazas y contaba con medidas de protección, estas no lograron evitar su asesinato en noviembre de 2023.
Por ello, resulta urgente que el Estado peruano adopte medidas concretas para:
- Fortalecer el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos, garantizando respuestas rápidas, recursos adecuados y presencia efectiva en los territorios más vulnerables.
- Implementar sistemas de alerta temprana con capacidad de reacción inmediata frente a amenazas contra líderes indígenas, ambientales y comunitarios.
- Garantizar la coordinación efectiva entre los sectores del Estado, gobiernos regionales y autoridades locales para prevenir agresiones contra quienes protegen los bosques, las fuentes de agua y los territorios ancestrales.
- Reforzar la investigación y sanción de las economías ilegales vinculadas a la tala ilegal, el tráfico de tierras y otras actividades que generan violencia en la Amazonía peruana.
Del mismo modo, es necesario consolidar espacios permanentes de coordinación y vigilancia entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad civil, que permitan monitorear la situación de riesgo de las personas defensoras y fortalecer la gobernanza ambiental en los territorios. La protección de los bosques, las aguas y los territorios indígenas no puede recaer únicamente en las comunidades; debe ser una responsabilidad compartida y sostenida por todas las instituciones públicas competentes.
La sentencia del caso Quinto Inuma envía un mensaje claro contra la impunidad. Sin embargo, el verdadero legado de esta decisión será que ningún defensor o defensora tenga que perder la vida por proteger los bienes comunes del país. La justicia alcanzada debe traducirse ahora en reparación, garantías de no repetición y políticas efectivas para salvaguardar a quienes defienden la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas
Paz y Esperanza
Agosto 2026.
Memoria de su caso: https://youtu.be/Ea_l3P-Dbik?si=CpIpT4zCsFuV3d3j
